La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha abordado este jueves con la Asociación Salmantina contra el Bullying y Ciberbullying (ASCBYC) y la Federación Española de Asociaciones contra el Acoso Escolar (FEDECAE) el refuerzo de las medidas de prevención, detección y protección de los menores frente al acoso escolar y el ciberacoso.
Durante el encuentro, la consejera de Educación, María Pardo, ha destacado que la lucha contra estas conductas constituye una prioridad estratégica para la Junta y ha defendido la necesidad de actuar desde una perspectiva integral y coordinada en todos los centros educativos de la Comunidad.
Castilla y León cuenta desde 2017 con un protocolo específico de actuación frente al acoso escolar, establecido mediante la Orden EDU/1071/2017 y operativo en todos los centros sostenidos con fondos públicos. El procedimiento contempla la detección de posibles casos, la intervención inmediata, la protección de la víctima, la adopción de medidas correctoras y el acompañamiento y seguimiento posterior.
Los datos correspondientes al curso 2025-2026 reflejan la activación de 1.108 protocolos ante posibles situaciones de acoso. De ellos, 112 terminaron confirmándose como casos de acoso escolar y otros 24 como ciberacoso.
La Consejería cuenta además con la aplicación CONV, un sistema propio de información que permite registrar y analizar las situaciones detectadas en los centros educativos. Los datos son aportados por los centros y posteriormente validados por la Inspección Educativa.
La Junta también ha puesto en valor las medidas preventivas que desarrolla en los centros, entre ellas el programa Sociescuela, las guías de navegación segura, la formación específica del profesorado, la atención psicológica especializada y distintas campañas de sensibilización dirigidas a alumnos, familias y profesionales educativos.
Durante la reunión, Pardo ha agradecido asimismo el trabajo de ASCBYC y FEDECAE en el acompañamiento de familias y centros y ha expresado la voluntad de la Consejería de mantener el diálogo con estas entidades y estudiar posibles vías de colaboración dentro de la normativa vigente.
La consejera ha incidido finalmente en que la protección de los menores y la creación de entornos educativos seguros es una responsabilidad compartida, al tiempo que ha defendido el mantenimiento de una política de tolerancia cero ante cualquier forma de violencia en el ámbito escolar.
