Rubén Cacho ICAL. El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno | Rubén Cacho
Rubén Cacho ICAL. El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno | Rubén Cacho
El Consejo de Gobierno aprobó hoy, a propuesta de la Consejería de la Presidencia, un conjunto de nuevas directrices en el ámbito de la simplificación administrativa y la reducción de la burocracia que tendrá un ahorro para los ciudadanos de 24,6 millones de euros y que afectará a 300.000 expedientes.
Este acuerdo, según explicó el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, es fruto del diálogo con los representantes de la sociedad civil que se ha venido desarrollando durante la segunda mitad de esta legislatura; en concreto, la Asociación de Empresa Familiar de Castilla y León, CEOE, las Cámaras de Comercio, y el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local.
González Gago aseguró que se trata del “acuerdo más extenso y ambicioso” adoptado por la Junta para la reducción de la burocracia y “seguramente de España”, y explicó que la medida afectará a casi 300.000 expedientes y beneficiará a más de 250.000 ciudadanos, empresas y entidades locales, ya que se eliminan los trámites innecesarios, se acelera la respuesta de la Administración, y se libera a familias, autónomos, empresas y administraciones locales de cargas que les restaban tiempo, recursos y oportunidades.
El consejero también afirmó que este acuerdo no solo moderniza la Administración, sino que refuerza a la Junta como una “verdadera aliada del desarrollo económico y social” de Castilla y León. Además, se estima un ahorro de más de 1,3 millones de euros para la Administración autonómica y de más de 66.000 euros para las entidades locales.
Al mismo tiempo, puso en valor que con este acuerdo la Junta cumple con el mandato aprobado por las Cortes de Castilla y León el pasado 27 de marzo, en el que se instaba a esta Administración autonómica a aprobar, a lo largo de este año, un nuevo acuerdo dirigido a simplificar y reducir la burocracia.
El acuerdo establece un total de 54 medidas ejecutivas que involucran a las diez consejerías de la Junta de Castilla y León. Estas medidas, que tendrán un coste de implantación de unos 590.000 euros, se dividen en dos categorías: las que requieren la aprobación de normas, y las que requieren actuaciones de carácter organizativo.
En el primer grupo se recogen 40 medidas que tendrán que articularse a través de la aprobación de Decretos, Acuerdos, Órdenes o Resoluciones. Dentro de este grupo, por ejemplo, se encuentra la aprobación de un nuevo Decreto de la Consejería de la Presidencia para regular la selección del personal funcionario y laboral en régimen de interinidad, con el objetivo de unificar la presentación electrónica de solicitudes. Esta medida en concreto supondrá un ahorro estimado de más de 934.000 euros al año, al eliminar desplazamientos físicos, reducir costes materiales, y evitar errores burocráticos que pudieran ocasionar la pérdida de convocatorias.
Otro ejemplo dentro de esta categoría es la exención de autorizaciones previa y de construcción a instalaciones de autoconsumo de pequeña potencia en viviendas y pequeñas empresas, mediante Decreto de la Consejería de Economía y Hacienda. Se estima un ahorro de 165.000 euros al año para los propietarios.
Actividades ganaderas
En cuanto al segundo grupo de medidas, de carácter organizativo, el Acuerdo recoge otras 14 directrices. Se destaca la elaboración, por parte de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, de un modelo único para la presentación de informes anuales de actividades ganaderas con autorización ambiental, que supondrá un ahorro de 348.000 euros anuales para los propietarios de explotaciones.
También se desarrollará una nueva aplicación para los expedientes de las Comisiones Territoriales de Patrimonio y de la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León, que facilitará la presentación digital de documentación y supondrá un ahorro estimado de 308.000 euros para los interesados.
Las 54 medidas deberán ejecutarse hasta finales de 2026, con 30 implantadas antes de que termine 2025 y 24 durante 2026. Una vez finalizado el plazo, Gago explicó que la Junta evaluará el cumplimiento de todas ellas e impulsará un nuevo paquete de medidas para continuar en esta línea.
