El Consejo de Cooperación Local es un órgano mixto para el diálogo y la cooperación entre la Comunidad y las corporaciones locales de Castilla y León. Su composición paritaria garantiza el cumplimiento de criterios que aseguran la pluralidad política, territorial e institucional.
En concreto, y además de la representación aportada por la Consejería de la Presidencia –órgano competente de los asuntos de administración local en la Junta de Castilla y León–, el Consejo cuenta con la participación, en calidad de vocales, de representantes de la administración local pertenecientes a ayuntamientos, pedanías, mancomunidades, diputaciones y al Consejo Comarcal de El Bierzo, propuestos por la Federación Regional de Municipios y Provincias. Su composición se completa con la presencia de vocales pertenecientes a las diez consejerías de la Junta.
El Consejo de Cooperación Local garantiza la audiencia y el conocimiento por parte de los representantes locales de diferentes iniciativas que, por su naturaleza o su ámbito de aplicación, incumben directamente a las entidades locales de la Comunidad. Según González Gago, “la puesta en común de estos asuntos con los representantes locales es un paso previo necesario a la aprobación de esta normativa, dado que las valoraciones que extraemos de esta reunión son tomadas en cuenta para poder cumplir con lo que las entidades locales esperan de la Administración autonómica”.
Iniciativas tramitadas
En la reunión del Consejo de Cooperación Local celebrado, se han sometido a audiencia y conocimiento cinco puntos: tres de carácter general y dos en materia de carreteras.
Dentro de las iniciativas de carácter general, se ha sometido a conocimiento del Consejo la modificación que se pretende realizar en la Ley de 2014 de Financiación de las Entidades Locales vinculada a ingresos impositivos de la Comunidad, y que se incluirá en la próxima Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas que acompañará a los presupuestos autonómicos de 2025.
El objetivo de esta modificación será seguir garantizando la financiación que reciben las entidades locales de Castilla y León vinculada a los ingresos impositivos propios de la Comunidad de Castilla y León desde el año 2015, y que suponía la percepción de un 20 % de lo recaudado por dos impuestos autonómicos: el impuesto sobre la afección medioambiental causada por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión, y el impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos.
Sin embargo, la Ley de abril de 2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular del Estado ha creado el impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos, un nuevo impuesto estatal que recae sobre el mismo hecho imponible que el tributo propio autonómico de residuos en vertederos, y lo deja sin efecto desde 1 enero de 2023.
La creación de este impuesto estatal responde a una decisión unilateral el Gobierno de España, sin contar con las comunidades, y se aplica en todo el territorio del Estado español, por lo que su creación afecta directa y económicamente a las entidades locales de Castilla y León, en cuanto interfiere en el modelo de financiación local autonómico.
Como señala el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, “para evitar esa pérdida de recursos locales, el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco quiere efectuar las reformas normativas que garanticen que en el año 2025 y en los sucesivos la dotación de este fondo no pueda ser inferior a la cuantía que ha tenido en este año 2024 incrementada en un 3 %, por lo que se superarán los 15 millones de euros, y además garantizarlo por ley”.
En otro orden de cosas, también se ha informado en el Consejo sobre el Anteproyecto del Plan Autonómico de Castilla y León sobre Adicciones 2024-2030, que supondrá una evolución del anterior VII Plan Regional sobre Drogas, y que tendrá el objetivo de sensibilizar, evitar y atajar los problemas derivados del consumo de drogas, del juego patológico y de la utilización problemática de pantallas.
Además, se ha puesto en conocimiento el borrador de la Estrategia de Comercio Minorista y Rural de Castilla y León 2024-2027, que aúna, planifica y dirige en un único documento todas las actuaciones que desde la Junta de Castilla y León se realizan en relación con el comercio minorista, constituyendo un catálogo de actuaciones en apoyo de este tipo de actividad, especialmente la de proximidad, junto con el apoyo a su modernización y digitalización, sin abandonar la apuesta por el establecimiento físico.
Por último, en el apartado de carreteras, se ha trasladado, para su conocimiento, el cambio de titularidad recíproco del camino de circunvalación y de la travesía de Los Campos entre la Diputación de Soria y el Ayuntamiento de Las Aldehuelas. También se ha comunicado el cambio de titularidad del tramo de carretera de conexión de la CL-600 y la VP-9903 en el entorno de Puente Duero, que pasa a formar parte de la red de carreteras de la Diputación de Valladolid.
