El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha mantenido hoy un primer encuentro institucional con los representantes de las organizaciones sindicales con presencia en la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos de la Administración de la Comunidad —CSIF, UGT, TISCYL y CCOO—, con el objeto de trasladarles las principales líneas de actuación previstas en materia de Función Pública para esta legislatura.
Durante la reunión, González Gago ha subrayado que los empleados públicos "son quienes hacen posible el funcionamiento diario de la Administración y garantizan que los servicios públicos lleguen con calidad a todos los rincones de Castilla y León". En este sentido, ha reiterado la voluntad del Gobierno autonómico de avanzar en estas medidas desde el diálogo permanente y la negociación con sus representantes.
Una Función Pública más moderna, ágil y adaptada a los nuevos tiempos
La Junta afronta esta legislatura con el objetivo de seguir actualizando el modelo de Función Pública para adaptarlo a los retos actuales y futuros de la Administración. En este marco, se abordará la aprobación de una nueva Ley de Función Pública de Castilla y León, concebida como el marco general que ordena la organización del empleo público autonómico y que permitirá adaptar la normativa vigente a los cambios legales y a las nuevas necesidades de gestión.
Junto a ello, se abordará la reclasificación profesional del personal laboral, que llevará aparejada una mejora retributiva. Se trata de un proceso de gran envergadura, único por su alcance en una Administración del tamaño de la Junta de Castilla y León, ambicioso por su carácter general y complejo por la diversidad de titulaciones, funciones y categorías profesionales existentes. Esta actuación da continuidad al proceso iniciado en la pasada legislatura con la integración de todos los colectivos del grupo V en el grupo IV, lo que supuso la desaparición del primero.
En el ámbito del personal laboral, la Junta también procederá a la actualización de las relaciones de puestos de trabajo, una actuación que ya se llevó a cabo para el personal funcionario durante la pasada legislatura y que constituye el instrumento que define la estructura de puestos existentes, sus funciones y requisitos, con el objetivo de adecuarla a la realidad actual de los servicios públicos. En paralelo, se continuará con la negociación de un nuevo convenio colectivo que permita modernizar y actualizar las condiciones laborales de este personal.
Mejora de la organización, el desarrollo profesional y las condiciones de trabajo
Más allá de estas actuaciones principales, la Junta continuará desarrollando un conjunto de iniciativas dirigidas a mejorar la organización interna de la Administración y a reforzar el desarrollo profesional de sus empleados públicos.
Entre ellas destaca la elaboración de una Estrategia de Ordenación de los Recursos Humanos, con la que se planificarán las necesidades de personal a medio y largo plazo, así como la definición de nuevos perfiles profesionales adaptados a la transformación digital y al uso creciente de la inteligencia artificial en la gestión pública.
Desde la Escuela de Administración Pública de la Consejería de la Presidencia se reforzará la formación continua de los empleados públicos como herramienta esencial para la actualización permanente de competencias, y se impulsará la evaluación del desempeño como instrumento de mejora organizativa y de impulso a la carrera profesional.
En este ámbito, la Junta continuará desarrollando la carrera profesional horizontal y la convocatoria anual de todas sus categorías, como vía de reconocimiento del trabajo y la experiencia acumulada por los empleados públicos, incluyendo el estudio de la posibilidad de implantación de la nueva categoría profesional IV. De igual forma, a lo largo de la legislatura, y bajo la premisa de garantizar el mantenimiento de todos los servicios públicos, se negociará la posible implantación del concurso abierto y permanente para funcionarios, una herramienta que permitiría agilizar la provisión de puestos y facilitar la movilidad voluntaria dentro de la Administración.
Asimismo, la Junta negociará con las organizaciones sindicales y aprobará un nuevo Plan de Igualdad para los empleados públicos de la Administración de la Comunidad, con el objetivo de seguir avanzando en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, prevenir cualquier forma de discriminación y promover un entorno laboral basado en la igualdad de oportunidades.
Del mismo modo, se avanzará en la mejora de las condiciones de trabajo mediante medidas orientadas a favorecer la conciliación, como la regulación del derecho a la desconexión digital y la mejora de la salud laboral. A ello se sumará el mantenimiento de incentivos para los puestos de difícil cobertura, especialmente en el medio rural, y el impulso de la plena inclusión de las personas con discapacidad en el empleo público.
González Gago ha concluido señalando que "el objetivo es contar con una Administración moderna y eficiente, pero también cercana y comprometida con las personas que hacen posible cada día el funcionamiento de los servicios públicos", y ha asegurado que todas estas actuaciones se desarrollarán en el marco del diálogo con los representantes de los empleados públicos.
