El consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez, ha reclamado este lunes al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, la deuda de más de 4.600 millones de euros que el Gobierno central tiene acumulada con Castilla y León en materia de atención a la dependencia, después de que el Ejecutivo central haya aprobado, mediante Real Decreto-Ley, "un supuesto incremento para llegar al 50 % en su aportación que ni resuelve el problema de la financiación del Sistema, ni garantiza su estabilidad a medio y largo plazo, ni cubre la cantidad que ha tenido que venir aportando la Comunidad en los años previos ante el incumplimiento estatal".
Vázquez ha recordado que la Junta de Castilla y León lleva varios años reivindicando que el Gobierno central ejecute lo dispuesto en la Ley estatal, en la que se establece la obligación de este de aportar ese 50 %. No obstante, este incremento repentino, ha explicado el consejero, llega en un contexto sin presupuestos generales y por la vía del decreto, lo cual causa una absoluta desconfianza y falta de estabilidad.
Esto implica, en primer lugar, que el Ejecutivo central podía haber atendido la reivindicación de la Junta desde mucho antes, tal y como podría parecer que está realizando ahora. Mientras, ha sido Castilla y León quien ha tenido que hacer frente a la insuficiente aportación del Estado. Y, en segundo lugar, el hecho de que este incremento se apruebe por Real Decreto-Ley para 2026 sin continuidad para el próximo año supone dejar en el aire la viabilidad del Sistema en el futuro.
