El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha participado hoy en el XIX Congreso de Juego de Castilla y León, un encuentro que la Consejería de la Presidencia organiza anualmente por estas fechas en colaboración con los distintos subsectores empresariales del sector. Este encuentro reúne a representantes de las administraciones públicas, empresas, asociaciones y profesionales para analizar la situación y los retos del juego privado presencial.
Durante su intervención, el consejero ha destacado la importancia de mantener un espacio de diálogo entre todos los agentes implicados en una actividad que cuenta con una regulación específica, y en la que deben conciliarse el desarrollo del sector y la protección de las personas. En este sentido, ha señalado que este Congreso permite compartir experiencias, conocer diferentes perspectivas y abordar el análisis de los cambios económicos, sociales y tecnológicos que afectan al sector.
González Gago ha puesto de relevancia la dimensión empresarial del juego privado en Castilla y León, que cuenta con más de 450 empresas vinculadas a esta actividad, cerca de 2.000 puestos de trabajo directos, y una aportación anual en tributos próxima a los 60 millones de euros a las arcas autonómicas.
En Castilla y León, distribuidos a lo largo de las nueve provincias de la Comunidad, existen 3 casinos, 16 salas de bingo, 116 salones de juego y 13 casas de apuestas (además de 73 zonas de apuestas y 70 corners de apuestas). En cuanto a las máquinas de juego, existen 12.195 autorizadas, de las que 9.571 están instaladas en establecimientos de hostelería.
En relación con las empresas que desarrollan su actividad en este ámbito, el consejero ha manifestado que “el sector empresarial del juego ha demostrado reiteradamente su compromiso con la legalidad, con la innovación tecnológica, con la autorregulación y con la responsabilidad social”.
Junto a esta dimensión económica, González Gago ha destacado la necesidad de mantener una atención permanente a la prevención de las conductas de juego problemático, la protección de los menores y de los colectivos vulnerables, la defensa de los derechos de los usuarios y la prevención del fraude. En este sentido, ha recordado que la regulación del juego debe atender tanto al funcionamiento de las empresas como a la protección del interés general.
Juego responsable y coordinación institucional
La prevención de las conductas de riesgo constituye una de las líneas de actuación de la política autonómica en materia de juego, con especial atención a la protección de las personas. Actualmente, 1.146 personas están inscritas en Castilla y León en el Registro de personas que tienen prohibido el acceso al juego, una herramienta que permite reforzar la prevención y ofrecer garantías adicionales a quienes, por mandato judicial o por decisión propia, tienen limitado su acceso a esta actividad.
En este ámbito, ha destacado el papel de la Comisión Técnica de Coordinación del Juego Responsable, creada por la Junta de Castilla y León en 2025, que reúne a representantes de distintas consejerías, de la Federación Regional de Municipios y Provincias, de entidades sociales y de asociaciones empresariales del sector.
Este órgano permite coordinar diferentes perspectivas y conocimientos en una materia que trasciende la regulación administrativa del juego, y que implica ámbitos como la salud pública, la educación, los servicios sociales, la protección de menores, la juventud y el consumo.
Asimismo, el consejero ha avanzado que esta Comisión se encuentra en una fase muy avanzada de elaboración de la Estrategia de Prevención y Tratamiento del Juego Patológico de Castilla y León 2027-2030, instrumento de planificación y coordinación de actuaciones en materia de prevención, sensibilización, detección precoz y atención, previsto en la Ley autonómica de Juego de 2024.
Actualización normativa y diálogo con el sector
González Gago ha abordado también la actualización del marco normativo autonómico, tras la modificación de la ley en 2024, y la aprobación de normas específicas sobre rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias, así como sobre máquinas operadas bajo servidor.
El siguiente paso será revisar y adaptar los diversos desarrollos reglamentarios de los distintos ámbitos del juego presencial, incluyendo los casinos, los bingos, los salones de juego, las máquinas y las apuestas, así como las disposiciones relativas a la publicidad, el patrocinio y la promoción del juego.
El objetivo es analizar conjuntamente las modificaciones legales, la normativa vigente y la experiencia acumulada en su aplicación, con el fin de disponer de reglas claras y estables, adecuadas a la evolución de la actividad y a las nuevas circunstancias sociales y tecnológicas.
En este proceso, el consejero ha destacado la importancia de la interlocución con los distintos subsectores, con cuyos representantes se han mantenido reuniones técnicas durante los últimos meses para conocer sus necesidades, intercambiar propuestas y analizar posibilidades regulatorias que contribuyan a mejorar el marco normativo. También ha señalado el interés de estudiar las experiencias de otras comunidades autónomas que puedan realizar aportaciones útiles.
En palabras de González Gago, “la regulación del juego requiere, en definitiva, encontrar un equilibrio entre distintos intereses legítimos: la seguridad jurídica y la actividad empresarial, por una parte, y la protección de los usuarios y del interés general, por otra”.
El consejero ha agradecido la participación de las asociaciones empresariales, los profesionales, las administraciones públicas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que realizan las funciones de inspección, los representantes de los consumidores, y el personal de la Junta de Castilla y León que interviene en la gestión de esta actividad.
Finalmente, ha expresado su deseo de que las dos jornadas del Congreso permitan profundizar en el análisis de la situación actual del juego presencial, contrastar experiencias y compartir propuestas que contribuyan a abordar los retos del sector desde una perspectiva plural y con la participación de todos los agentes implicados.
