La Junta de Castilla y León recurrirá el Real Decreto 556/2026, de 30 de junio, por el que se aprueba la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas, que asigna a Castilla y León una capacidad de 833 menores.
"El Gobierno de Castilla y León seguirá manteniendo una posición firme frente a la política que el Gobierno de España quiere impulsar en materia de menores extranjeros no acompañados, al considerar que vuelve a actuar de forma unilateral, sin el acuerdo unánime de todas las comunidades y sin respetar las competencias que corresponden a cada comunidad en materia de protección de menores", expresa la institución en un comunicado.
El Gobierno de la Junta entiende que la capacidad ordinaria del sistema vuelve a fijarse atendiendo a criterios políticos y no a la capacidad real de acogida de cada territorio, lo que dificulta una adecuada planificación de los recursos y compromete la sostenibilidad del sistema de protección.
Además, y teniendo en cuenta que por Real Decreto de 26 de agosto de 2025 ya se fijó un número de menores que fue de 783, y que también está impugnado, la Junta considera que el incremento asignado carece de una justificación objetiva. Mientras que la población de Castilla y León ha crecido únicamente un 0,72% entre agosto de 2025 y mayo de 2026, el número de menores asignados aumenta un 6,38%, pasando de 783 a 833, "una diferencia que evidencia la falta de proporcionalidad en los criterios aplicados por el Gobierno y su desconocimiento de la realidad de Castilla y León".
Por todo ello, los Servicios Jurídicos de la Junta, a instancias de la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, interpondrán en los próximos días el correspondiente recurso contra la norma publicada, con el objetivo de defender las competencias de Castilla y León, y garantizar un sistema de protección adecuado.
