El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, anunció hoy cuatro medidas en el ámbito sanitario y asistencial para fomentar la natalidad en la Comunidad, que incluyen el acceso “preferente” a atención psicológica para las mujeres embarazadas frente a pacientes con “otras circunstancias”, desde la perspectiva de que, para el Gobierno de la Comunidad, “el derecho a la vida es prioritario”.
Así lo señaló García-Gallardo durante su participación en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Gobierno donde, en declaraciones recogidas por Ical, especificó que el principal cambio en materia de atención psicosocial con respecto a lo que ya se ofrece es que la atención será “preferente” y que los profesionales sanitarios estarán “obligados” a ofertar este servicio a las mujeres embarazadas que acudan a la primera consulta, aunque luego estas puedan declinar su uso.
El objetivo que se plantea la Junta con esta medida es que ante un embarazo, que el vicepresidente de la Junta definió como “una situación difícil para la mujer”, esta tenga “todo el apoyo necesario para afrontarlo en las mejores circunstancias, resolver dudas y que se sienta acompañada”.
“Se trata de que todas las mujeres que acudan por primera vez a una consulta en situación de embarazo tengan posibilidades para que puedan tomar, lo más informadas posible, cualquier decisión: la de seguir o la tragedia a nivel social, por la huella que deja a las mujeres, de abortar”, apuntó.
Esta medida “provida”, junto al derecho a tener ecografías 4D para “ver en un vídeo, en tiempo real, la cabeza, las manos, los pies y los dedos de su hijo”, y a solicitar su inclusión en un nuevo protocolo de control de latido fetal entre las seis y las nueve semanas para que los padres “escuchen el latido de su bebé antes de tomar cualquier decisión”, se realiza con el objetivo de “favorecer la natalidad” para tratar de que “todos los padres y madres que quieran, puedan continuar con el embarazo”.
Y es que, para el vicepresidente de la Junta, los más de 2.500 abortos practicados en Castilla y León en 2021 suponen “un dato escalofriante” frente al que, desde la Junta, se pondrán en marcha estas medidas con el objetivo de “salvar vidas”. No obstante, para García-Gallardo “todos los sinsabores de formar parte de un Gobierno quedarían satisfechos sin con estas medidas salvásemos una sola vida”.
El coste económico de la puesta en marcha de estas políticas dependerán, según informó por su parte el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, de “la utilización del servicio”, siendo a día de hoy su uso “difícil de cuantificar”, si bien “lo importante es dar el servicio adecuado más allá del coste”, por lo que aseguró que, para su ejecución, se “reforzarán los servicios sanitarios”.
Ecografía 4D y protocolo de latido
Además de la atención psicosocial, García-Gallardo también destacó la posibilidad que se le ofrece a las mujeres embarazadas de tener ecografías 4D “complementarias” a las ya existentes a las 12, 20 y 33 semanas de gestación, y la de acogerse al nuevo protocolo de control de latido fetal entre las seis y nueve semanas de embarazo.
La segunda de las técnicas “se puede practicar en todos los hospitales” mientras que las ecografías 4D reconoció el vicepresidente que “se tiene en la mayoría de ellos” aunque “en algunos no”, pero sobre las vías para la derivación para quien lo solicite en hospitales donde no se tenga este servicio no pudo pronunciarse al no contar con información sobre “cuestiones logísticas” de las que puede “informar el consejero”.
“Pero la idea es garantizar que las madres que quieran el servicio, puedan tenerlo de la mejor manera posible”, continuó explicando, reconociendo que la idea es poner las medidas en marcha “inmediatamente” con el ofrecimiento de las mismas “de manera obligatoria” por parte del profesional sanitario, mientras que a los padres y madres “no se les va a obligar a escuchar el latido del bebé” dado que “es voluntario” participar de estos programas.
Programas que, además, también sirven, como recordó García-Gallardo, para “detectar patologías” en los bebés, al poderse ver la frecuencia cardiaca y datos con los que se detectan enfermedades como la hipertensión o la diabetes, por lo que defendió también la aportación de las medidas desde el punto de vista sanitario porque “si conseguimos que más niños nazcan, habrá mucho que celebrar”.
Los profesionales sanitarios, a su vez, podrán seguirse acogiendo al “derecho fundamental de la objeción de conciencia”, una cuarta medida que, aunque ya en marcha, García-Gallardo defendió que se reforzará frente a las “últimas reformas a nivel nacional que iban en sentido contrario”. Y es que, según García Gallardo, “en Castilla y León no va a haber listas negras de objetores de conciencia mientras gobernemos nosotros”.
