La energía eólica se enfrenta a un muro en los últimos años en Castilla y León, a pesar del impulso que se le ha pretendido otorgar en el marco del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030. En el último sexenio, desde 2018, se ha denegado la declaración de impacto ambiental (DIAs) de 40 proyectos de parques eólicos que estaban previstos desarrollar en la Comunidad. En este sentido, el sector se ha rebelado y reclama desbloquear los cuellos de botella regulatorios, pues estas iniciativas ahora tumbadas hubieran supuesto 3.390 megavatios de potencia, lo que equivaldría a abastecer una ciudad de 1,6 millones de hogares.
Tal y como establece el Sistema Boreas de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), al que tuvo acceso Ical, con este freno a las solicitudes será complicado que en 2028 la Comunidad cuenta con 12.000 megavatios de energía eólica instalada, como estaba previsto, cifra que pretendía consolidar su liderazgo nacional para convertirse en polo de atracción empresarial.
Al menos esa era la idea del sector de las energías renovables, que remarcan a Ical que “si todo iba bien” y salían adelante todos los proyectos que habían superado los diferentes hitos del PNIEC, la Comunidad encabezaría este ránking nacional durante muchos años más y con notable diferencia. El Plan vaticinaba, inicialmente, la puesta en marcha de 5.200 MW anuales (5,2 gigavatios), necesarios para cumplir con los ambiciosos objetivos establecidos por este documento, que tenía horizonte 2021-2030, si bien finalmente las cifras se diluyeron progresivamente.
En la actualidad, en Castilla y León se contabilizan 99 parques eólicos en distintas fases de tramitación, que suman 4.569 megavatios. “Esto no quiere decir que todos ellos se vayan a construir”, incidieron fuentes de la Asociación Empresarial Eólica consultadas por Ical. El ejemplo son, precisamente, las 40 iniciativas desestimadas desde 2018 por razones ambientales. La principal razón que exponen los expedientes para su archivo, según algunos de ellos publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE), es la “identificación de la posibilidad de impactos negativos significativos sobre el medio ambiente, para los que las medidas propuestas no presentan garantía suficiente de su adecuada prevención, corrección o compensación”.
Administración central y autonómica
Los expedientes difieren de la administración que los tramite. De ese casi centenar de proyectos, 65 se encuentran en la cartera de la Junta de Castilla y León, con una potencia de 2.030 mevagatios (las autonomías deben autorizar o no aquellos que se encuentran por debajo de 50 MW), mientras que la autorización y DIA de los más grandes, que son 34, con 2.539 MW, corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco). Eso supone que la Administración autonómica tramita los más pequeños, con una media de 31,2 megavatios; y la nacional, los mayores, con un promedio de casi 75 MW.
En estos últimos seis años se han presentado 40 proyectos para solicitar la autorización administrativa previa (por 1.954 megavatios), entre los que algunos se han presentado en este periodo y otros, incluso, son anteriores a 2018 y se han dilatado en el tiempo. Además, se contabilizan nueve parques eólicos que han recibido declaración de impacto ambiental positiva, por 437 megavatios, casi lo mismo que la potencia de la extinta central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), que contaba con 466 MW.
Otras siete recibieron autorización administrativa previa (192 MW), 43 más obtuvieron autorización de construcción (1.986 MW) y un total de 19 parques, por 651 megavatios, lograron la licencia de explotación, es decir, que entraron en funcionamiento. Todos estos son los diferentes hitos que cada proyecto ha debido superar hasta generar energía eléctrica, pero muchos de ellos perecieron por el camino.
Queja del sector
Esta situación, que el sector no esperaba, a la vista del PNIEC, provoca malestar entre los empresarios, que reivindican que España necesita desbloquear los cuellos de botella regulatorios y aumentar la demanda de electricidad. Argumentan, en declaraciones a Ical, que la eólica aporta 3.274 millones de euros al PIB, genera más de 37.000 empleos, con un crecimiento del 4,7 por ciento respecto al año anterior, y evita la importación de 11,3 millones de toneladas equivalentes de petróleo. “Reclamamos acelerar la electrificación y dar seguridad jurídica a los proyectos en tramitación. La economía española necesita más eólica”, apuntan.
Además, el conjunto del España se mantiene como cuarto exportador mundial de aerogeneradores, con un valor de las ventas exteriores de 1.953 millones de euros. En términos energéticos, la eólica evitó la importación de 11,3 millones de toneladas equivalentes de petróleo —valoradas en 2.829 millones de euros— y redujo 30,8 millones de toneladas las emisiones de CO2.
Parques denegados
En un exhaustivo análisis del BOE a lo largo de 2025 se hallan algunos de los proyectos eólicos con DIA negativa. Así, en la provincia de León, el Miteco declaró desfavorable la realización del proyecto ‘Oencia’, de 217 megavatios de potencia instalada, que también llegaba a Orense. En este caso concreto, entre otras afecciones observadas, “no puede asegurarse que el proyecto no causará perjuicio a la integridad de los espacios de la Red Natura 2000 por su afección a valores clave por los que se designaron estos espacios, como son el urogallo cantábrico y el oso pardo”.
También fue desfavorable, por ejemplo, el proyecto ‘El Páramo’, de 92,4 MW de potencia instalada, y su ampliación, de 50,88, por las mismas razones. Al igual que el proyecto ‘Parque eólico Alto Bierzo-Sil’, de 126 MW.
En la provincia de Palencia, uno de los proyectos más relevantes, por su volumen, que ha recibido notificación desfavorable, es el parque eólico ‘Canales Sur’, de 120 MW, en Antigüedad, Baltanás, Valle de Cerrato y Palenzuela (Palencia).
En Burgos se han denegado, con DIAs negativas, entre otros, el proyecto ‘Planta eólica Sasamón’ de112,2 megavatios, en los municipios de Sasamón, Pedrosa del Páramo e Isar, en esta provincia. El expediente justifica esta decisión porque “se pueden ver afectadas especies de fauna protegidas, especialmente de aves rapaces, como el aguilucho cenizo, el milano real y el buitre leonado, además de murciélagos”. Considera, además, que faltan estudios específicos para conocer la presencia de algunas especies esteparias, como la avutarda y el sisón, y las zonas de reproducción de especies de rapaces.
Otro proyecto rechazado es el ‘Parque Eólico Mazo’, de 62 MW, localizado en los municipios de Valle de Sedano, Merindad de Río Ubierna y Los Altos, en el que se identificaron posibles afecciones a aves rapaces; el ‘Parque eólico Satola’, de 55 MW de potencia instalada, en Monasterio de Rodilla, Galbarros y Santa Olaya de Bureba; la ‘instalación eólica Satarrubla’, de 110 MW, en Rublacedo de Abajo, Galbarros, Monasterio de Rodilla y Valle de las Navas; ‘Lahedo’, de 55 MW, Rublacedo de Abajo, Galbarros, Carcedo de Bureba, Briviesca y Quintanavides. También fue negativa la DIA del proyecto eólico denominado ‘Comendador’, de 69,92 MW, o ‘El Cerrate’, de 69,84.
Entre las que se hallan con declaración de impacto ambiental positiva a lo largo de 2025 se encuentra el proyecto de construcción del clúster ‘Fuentes de Magaña’, formado por dos parques eólicos, ‘Pasama’ y ‘Cerro de Magaña’, que generarán entre ambos 100,2 megavatios de energía eléctrica. Se ubicarán en los términos municipales de Arancón, Aldealpozo, Carrascosa de la Sierra, La Losilla, Magaña, Suellacabras, Valtajeros, Trévago y Valdelagua del Cerro, todos ellos en la provincia de Soria.
Se trata de una iniciativa que ha recibido la respuesta favorable del Miteco, pero sujeta a una serie de medidas ambientales preventivas, correctoras y compensatorias, que resultan de la evaluación ambiental practicada.
