El Procurador del Común reclama a la Consejería de Sanidad “reforzar” las medidas que aplica para reducir las listas de espera y las “demoras” en la atención así como adoptar otras diferentes con el fin de evitar “retrasos” en la atención que demandan los ciudadanos, al ser un asunto que motivó un “importante” número de quejas en 2023, lo que para la institución que preside Tomás Quintana refleja la “preocupación” de los castellanos y leoneses por este asunto.
En su intervención ante el pleno de las Cortes para presentar el informe correspondiente al último ejercicio completo, el procurador del Común explicó que un año más la gestión de las listas de espera fue un motivo que generó numerosas quejas por lo que en sus resoluciones mantuvieran la necesidad de ampliar las medidas que la Consejería de Sanidad les comunicó que estaba adoptando.
Asimismo, el Común, según detalló Tomás Quintana a los procuradores, resolvió una actuación de oficio sobre la evolución de las listas de espera generadas durante la pandemia y la incidencia que las diferentes medidas adoptadas habían tenido en la reducción de las mismas. De acuerdo a los datos facilitados por la Consejería de Sanidad, consideró que, especialmente en consultas externas y pruebas diagnósticas, así como en las intervenciones quirúrgicas a pacientes de niveles de prioridad dos y tres, se deberían adoptar medidas que permitieran acortar los tiempos de espera.
Ante la cámara, Tomás Quintana señaló que más allá de la aplicación del criterio de prioridad clínica, pese a que algunos procesos no tenían su origen en un problema grave de salud, son cuadros clínicos que alteran la vida personal y laboral de los pacientes, lo que para el procurador del Común supone “un problema añadido que afecta al derecho a la tutela de la salud”. Esta resolución, recordó, fue aceptada parcialmente, puesto que Sanidad les trasladó que se estaban poniendo los medios para “paliar” los efectos causados por la pandemia.
Otro de los asuntos abordados en este ámbito fue la asistencia sanitaria a las personas que residen en el medio rural, si bien las quejas tuvieron una “menor incidencia” que en años anteriores. Aun así, la institución abordó aspectos como la atención geriátrica y de fisioterapia en el Centro de Salud de Tábara, en la provincia de Zamora; las “deficiencias” en la conexión a internet en el Centro de Salud de Villavellid, en Valladolid; los problemas planteados en zonas rurales por el aumento de la población en época estival o los que suscita el sistema de cita previa telefónica.
De nuevo, al igual que otros años, Tomás Quintana insistió en que las personas que residen en el medio rural deben ser atendidas mediante un sistema sanitario público fundado en los principios de “equidad, proximidad y presencialidad”, de manera que se les garantice una atención sanitaria adecuada a sus necesidades, en concreto, al “predominante envejecimiento” de sus habitantes.
Respecto al funcionamiento del transporte sanitario, el procurador del Común aludió al “incumplimiento” del tiempo de respuesta para iniciar el traslado por alta hospitalaria y a la petición a Sanidad de que fiscalice la prestación del servicio y que adoptara las medidas para corregir las deficiencias. “Consideramos aceptadas nuestras resoluciones al habernos manifestado que se estaban aplicando los mecanismos previstos para garantizar el cumplimiento de los pliegos del contrato”, afirmó Tomás Quintana.
Finalmente, sobre la “gestión indirecta” del servicio de atención de llamadas de emergencia a través del número 1-1-2, Tomás Quintana avanzó que la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio les había trasladado que a iba a incluirla en el plan anual de actuación de la inspección general de servicios para el año 2024 para evaluar su prestación.
