Los servicios sociales de Castilla y León se mantuvieron en 2021 como los mejor valorados de España con una nota de 8,4 puntos, cinco décimas menos que el ejercicio anterior, pero muy por encima de la media nacional que, aunque mejora, se queda en 5,10 puntos, según el XXI Dictamen del Observatorio de la Dependencia elaborado por la Asociación Nacional de Directores y Gerentes publicado hoy.
En el informe también se destaca que frente a la lista de espera de más de 193.000 personas dependientes reconocidas y esperando atenciones a 31 de diciembre de 2020 en el conjunto de España, en la Comunidad se alcanza la plena atención.
En este informe se constatan las enormes diferencias entre territorios tanto en cobertura como en modelos de gestión. Solo nueve comunidades aprueban la escala este año, una más que el pasado ejercicio, mientras que la mediana estatal sube del 4,64 al 5,10. Además diez comunidades aumentan su puntuación con respecto al año anterior. La Comunidad. Valenciana aprueba por primera vez en la historia de 15 años, mientras que Cataluña (2,8) y Canarias (1,6) mantienen la última posición. Después de Castilla y León (8,4), las mejores comunidades son Castilla-La Mancha (8,1) y Andalucía (7,5). Por debajo de la media nacional también se sitúan Cantabria, Murcia y Navarra, las tres con un 3,4 puntos, Galicia (4,4), Asturias y Extremadura, ambas con un 4,7 y Extremadura (5).
Las comunidades que más han aumentado las personas beneficiarias con prestación el pasado año han sido la Comunidad Valenciana (+14,9 por ciento), Asturias (+14,5 por ciento) y Madrid (+14,4 por ciento), mientras que en Castilla y León se atendió a 3.123 nuevos dependientes (+2,96 por ciento.
El informe también denuncia el fracaso de la Administración Central en asegurar el equilibrio interterritorial y recalca que el Plan de Choque para la dependencia debería haber servido para reducir a nivel nacional en 60.000 las personas en lista de espera de la dependencia en 2021, un 25,8 por ciento, sin embargo, sólo lo ha reducido en un 16,7 por ciento, 38.807 personas, por lo que a este ritmo se tardaría un lustro en lograr la plena atención.
Por otra parte, el promedio de gasto público por persona dependiente en Castilla y León, 4.303 euros, se aleja año tras año de la media nacional (6.026 euros), hallándose ya en una diferencia de -1.724,4 euros y un diferencial del -28,5 por ciento, como consecuencia, entre otras cuestiones, del importante peso de las prestaciones vinculadas al servicio (PVS) en su cartera de servicios (32,5 por ciento) y que satisface con un coste mensual medio de 302,21 euros frente al resto de las comunidades cuyo peso medio apenas representa el 10,8 por ciento de su cartera y son retribuidas con un coste medio de 390.01 euros. Por el contrario, el gasto público por habitante (185,6 euros) supera en más de 37,3 euros (+ 25 por ciento) el promedio de gasto que realizan el resto de comunidades. En este sentido, desde la Asociación Nacional de Directores y Gerentes se destaca “la más que adecuada tasa de cobertura de Castilla y León, con 45,6 programas individuales de atención por cada mil habitantes, frente a la media nacional situada en 25,7.
Empleo
En cuanto al empleo, Castilla y León también sitúa en cabeza con 66,2 empleos por cada millón de euros invertido, frente a la media nacional de 40,4. En total, el sistema de atención a la dependencia genera en la Comunidad 34.472 empleos.
Por último, a lo largo del pasado año creció la atención de todos los servicios y prestaciones, a excepción de los servicios de ayuda a domicilio (-1.757) y de centros de día (-166). Pero a pesar de este aumento, no se recupera el nivel de atención previo a la pandemia. En ayuda a domicilio se ha reducido en 2.659 personas, en promoción de la autonomía y prevención de la dependencia en 936), en atención residencia en 405) y en centros de día en 164). De esta forma, el importante crecimiento que tiene la prestación vinculada al servicio (+4.187) en 2021 compensa esta pérdida.
