El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso planteado por la Junta de Castilla y León contra el Real Decreto de regularización de migrantes que cuestiona la "dimensión sin precedentes" del proceso, la "ruptura" con los criterios históricos de regularización, la flexibilización de los requisitos de acreditación, la "falta de participación" de las comunidades autónomas y su compatibilidad con el marco europeo de control migratorio.
Así lo ha trasladado el Ejecutivo autonómico a través de un comunicado recogido por Europa Press, en el que ha detallado que los servicios jurídicos de la Junta impugnaron el Real Decreto de 14 de abril de 2026 dentro del plazo de dos meses previsto para su impugnación, computado desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
El recurso, presentado el 5 de junio de 2026, ha sido admitido a trámite mediante diligencia de ordenación de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de fecha 22 de junio de 2026.
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha señalado que existen motivos jurídicos "sólidos y suficientemente fundamentados" para cuestionar la legalidad de este Real Decreto, cuya dimensión y contenido "justifican plenamente" la interposición del recurso por parte de la Administración autonómica.
El recurso cuestiona, en primer término, el carácter "exacerbado" del proceso extraordinario de regularización previsto por el Real Decreto, tanto por su dimensión como por su alcance, y que se refleja en unas cifras "sin precedentes" en la historia de España.
González Gago ha asegurado que si la previsión inicial del Gobierno, ya de una magnitud "extraordinaria", situaba el número de potenciales beneficiarios en torno a 500.000 personas, las estimaciones más recientes elevan esa cifra hasta aproximadamente 1.100.000, lo que evidencia la "dimensión inédita de la medida, sin que conste que se hayan analizado ni fundamentado sus naturales efectos".
A ello se suma que el Real Decreto "rompe" con el criterio que ha presidido los anteriores procesos extraordinarios de regularización en España, ha sostenido el consejero, en los que la autorización de residencia se vinculaba a la acreditación de una residencia efectiva y arraigo, y de una actividad laboral efectiva en el país.
La nueva regulación prescinde de estos requisitos y altera de forma sustancial los principios que habían inspirado este tipo de procedimientos.
Asimismo, la Junta considera que esta norma supone una "flexibilización sin precedentes" de los mecanismos de acreditación exigidos para acceder al proceso de regularización.
En la misma línea, el consejero ha subrayado que frente al rigor documental que tradicionalmente ha caracterizado estos procedimientos, el nuevo régimen "reduce de manera significativa" las garantías sobre la forma de acreditar la vinculación con España y el cumplimiento de los requisitos exigidos.
Ello se refleja, entre otros aspectos, en la "flexibilización extraordinaria" del sistema de acreditación de los antecedentes penales, al permitir la tramitación de las solicitudes sin que la Administración disponga inicialmente de un documento certificador actualizado, cuya aportación previa había constituido tradicionalmente un requisito para su examen.
Además, la Junta considera que el Real Decreto resulta "incompatible" con el marco de compromisos asumidos por los Estados miembros de la Unión Europea en materia de control de fronteras y política migratoria, orientados a garantizar una gestión ordenada de los flujos migratorios y a evitar procesos de regularización que puedan generar un efecto llamada de carácter masivo.
Por último, González Gago, se ha mostrado "confiado" de que el Tribunal Supremo, tras analizar el fondo del asunto y los argumentos que se expondrán durante la tramitación del recurso, estime la impugnación interpuesta y declare la nulidad del Real Decreto en los términos aprobados.
