UGT denunció hoy que la Administración autonómica quiere obligar al Servicio de Medicación Extrajudicial de Castilla y León (Serla) a la “quiebra técnica por asfixia y secuestro”, lo que supone un “ataque al legitimo derecho constitucional de la población”. En un comunicado recordaron que ya se habían traspasado las ”líneas rojas" con el impago de las nóminas, pero apuntaron que se suma la extra y remuneración mensual de diciembre, que están sin abonar, razón por la que exigieron al consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, la agilidad del ingreso presupuestario “exclusivo para nóminas”, que se aprobó extraordinariamente y condicionado a finales del 2023 por el Gobierno autonómico.
Trasladaron que el conflicto ya pasó por el TSJ de Castilla y León el 20 del pasado septiembre. En esa instancia, la sentencia reza que este Tribunal no es competente en su ámbito para resolver lo que UGT denunciaba junto al Ministerio de Trabajo, donde reclamaba financiación suficiente para cubrir en su totalidad los gastos del Serla. En consecuencia, la organización sindical, junto con el Ministerio de Trabajo, interpuso hace dos semanas recurso a dicha sentencia, esperando que se resuelva a favor esta vez, afirmaron.
Y es que, el 6 de noviembre, UGT presentó ante el defensor del pueblo “las acciones contrarias decisorias de la comunidad autónoma que dificultan o directamente imposibilitan los medios de solución autónoma de conflictos solicitando que se responsabilice a los políticos de Castilla y León que gobiernan de la campaña de acoso al Serla”, que ejecuta por Ley las competencias en materia de mediación y arbitraje.
Desde el sindicato aseguraron que están “vigilando las conductas inconstitucionales y antisindicales del Ejecutivo autonómico para que la Administración cumpla con su deber”. Por lo tanto, UGT “no solo exige y denuncia la falta de financiación, sino la quiebra técnica del Serla, que ni siquiera puede tramitar el correo ordinario para las propias citaciones a las mediaciones, sufragar el gasto corriente o ni pagar el alquiler de la sede”.
Así, la organización sigue abordando con el Ministerio de Trabajo todas las posibilidades para desarrollar normativas o decretos que “blinden” el servicio de mediación de los territorios autonómicos, aseveraron.
