La Comisión Territorial de Coordinación, presidida por el delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Prada, ha centrado su última reunión en la simplificación administrativa y la modernización de los procedimientos públicos, con el objetivo de mejorar la atención al ciudadano y reducir la burocracia en la provincia.
La Junta de Castilla y León publicó el pasado 14 de julio un paquete de 54 medidas destinadas a agilizar la administración pública. Según Prada, “este proyecto busca facilitar múltiples gestiones a ciudadanos, empresas y administraciones locales, especialmente en provincias como Zamora, donde la dispersión territorial y el peso del medio rural hacen que la agilidad administrativa sea clave para el desarrollo”.
Entre los avances destacan la digitalización de formularios, la interoperabilidad entre consejerías y entidades locales, y la reducción de documentos requeridos en ayudas públicas. Por ejemplo, la convocatoria de ayudas al alquiler de vivienda, que se abrirá el 1 de diciembre, solo exigirá solicitud, contrato y justificantes de pago en la mayor parte de los casos.
El plan también incluye la supresión de licencias para instalaciones de autoconsumo energético de menos de 500 kilovatios, la eliminación de informes de afección a la Red Natura 2000 en ciertos casos y la sustitución de autorizaciones municipales de servicios funerarios por declaraciones responsables. Además, desaparece la obligación de presentar certificados de titularidad bancaria en las ayudas de comedor escolar.
La modernización abarca sectores estratégicos como patrimonio cultural, Dependencia, tributación, deporte, caza y fauna, medio natural, y agricultura y ganadería. Entre las novedades se encuentra la digitalización de 650 cotos cinegéticos, la simplificación de permisos de uso del fuego y la reducción de duplicidades en el Registro de Explotaciones Agrarias y Ganaderas.
Otro de los objetivos del plan es aliviar la carga administrativa de los ayuntamientos y entidades locales, incorporando el silencio positivo, eliminando certificaciones innecesarias y simplificando la gestión de remanentes, especialmente en municipios pequeños con menos recursos técnicos.
Además de la simplificación administrativa, la Comisión abordó otros asuntos de interés, como la implantación de la tarjeta Buscyl, el seguimiento de la campaña de vacunación frente a la gripe y otros procesos respiratorios, y las convocatorias de ayudas medioambientales y de empleo.
Prada puso en valor “el esfuerzo constante de los empleados públicos y la coordinación entre los servicios territoriales, que hacen posible avanzar hacia una administración moderna, cercana y orientada al ciudadano”. La Junta prevé evaluar el plan durante el tercer trimestre de 2026 para ampliar las acciones más efectivas y continuar impulsando la simplificación administrativa.
