Las agresiones a funcionarios de prisiones en las cárceles de Castilla y León continúan subiendo y el pasado año se alcanzó la cifra récord de 57, un 26,6 por ciento más que en 2022, de las que treinta terminaron con lesiones de los trabajadores. Este incremento fue superior al registrado en el conjunto del país, donde se contabilizaron 511 incidentes, lo que supone una subida del 10,6 por ciento.
La prisión de La Moraleja, en Dueñas (Palencia), es el centro penitenciario con una mayor conflictividad en Castilla y León al contabilizar 20 agresiones, por delante de la cárcel de Mansilla de las Mulas (León), donde se contabilizaron diez, una más que en Topas, el centro zamorano-salmantino, con nueve, siendo cuatro agresiones con lesiones leves y cinco las agresiones sin lesiones.
Según los datos ofrecidos por el Ministerio del Interior en respuesta a una pregunta del senador zamorano del Partido Popular Fernando Martínez Maíllo sobre las agresiones a los funcionarios de prisiones a la que ha tenido acceso Ical, en el centro penitenciario de Torredondo (Segovia) se registraron el pasado año siete agresiones, cinco en Brieva (Ávila), tres en Burgos, dos en Valladolid y una en la cárcel de Soria.
Además, con estas veinte agresiones, de las 13 acabaron con lesiones de los trabajadores, la cárcel de Dueñas se coloca como la tercera con más incidentes en el conjunto de España, tras un incremento del 25 por ciento respecto a 2022, cuando se contabilizaron 16 ataques. No obstante, en función del número de la población reclusa, Dueñas se sitúa en segunda posición con una tasa de 22,4 solo superada por la cárcel de Zuera (Zaragoza).
Para el responsable de Instituciones Penitenciaras del sindicato CSIF en Castilla y León, Francisco Herrero, trabajador de Topas, la principal razón de este incremento de las agresiones es el intento por “humanizar” las cárceles y el “buenismo” que se está instalando en las relaciones entre funcionarios y reos, así como la imposición de sanciones más laxas a los internos que incumplen el régimen disciplinario.
En este sentido, Herrero argumenta que para “reconducir” la situación, para que los trabajadores dejen de convertirse en “víctimas” y para que las cifras de agresiones desciendan a un nivel “razonable”, es necesario recuperar el “orden y el control” en las prisiones, algo que pasa por dotar al funcionario de las herramientas adecuadas y por recuperar la autoridad que ha venido perdiendo. “Dentro de ese clima de buenismo que se ha instalado, parece que se le quiere facilitar la vida al reo para enfrentarle contra el funcionario”, denunció.
Cambio legislativo
El responsable de CSIF también demanda un cambio legislativo para que los funcionarios tengan la consideración de agentes de la autoridad, además como un refuerzo en las plantillas. Aunque Herrero reconoce que en los últimos años se está recuperando el déficit en las relaciones de puestos de trabajo, aún se está lejos de alcanzar una ratio aceptable. En el caso de Castilla y León el sindicato cifra en 700 las plazas sin cubrir.
Por último, cabe recordar que el pasado mes abril el Partido Popular utilizó su mayoría absoluta en el Senado para asegurar que se tome en consideración la proposición de ley que dota a los funcionarios de prisiones de la consideración de agentes de autoridad, propuesta que fue apoyada por todas las formaciones menos EH Bildu.
