La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, subrayó que el Ejecutivo central no aprobará de forma "arrebatada" las ayudas al funcionamiento de las empresas para Soria, Cuenca y Teruel, ya que es necesario blindarlo jurídica y técnicamente para que no haya recursos al respecto.
Barcones aseguró que la medida será aprobada y tendrá un carácter retroactivo, pero, de momento, la Mesa de Diálogo Social trabaja para darle una "solución jurídica y técnica" y ver como se implementa. Asimismo, reconoció la importancia de cumplir con el objetivo para que estas tres provincias puedan contar con una herramienta para combatir la despoblación, pero subrayó que "es una medida más dentro de un paquete".
"Una única medida no es el antídoto para acabar con la despoblación. Debemos poner muchas medidas por parte del Gobierno y de la Junta, de forma coordinada. El Gobierno está cumpliendo", defendió.
En este sentido, aseguró que la llamada "fiscalidad diferenciada" es un elemento dentro de un todo, y agregó que se pelea por sacar adelante otros proyectos para Soria como la reforma de la vía férrea, mayor superficie de regadío o la instalación de nuevos centros dependientes del Estado.
Por otro lado, reiteró que el Gobierno no va a suprimir ni una sola parada ni línea de autobús, y agregó que la oposición ha descontextualizado un documento de trabajo de una reunión técnica.
Asimismo, significó que todavía quedan años para la aprobación del Mapa de Transporte por Carretera, e instó a la Junta a trabajar de forma conjunta para hacer una red de transporte que cubra aquellos espacios donde no se da un servicio acorde a las necesidades de movilidad.
"Hay más de 1.000 núcleos de población que no tienen transporte. Creo que la Junta se debe preocupar de cómo dar movilidad a estos pueblos", incidió.
