Zamora registró 29 lanzamientos practicados durante el primer trimestre de 2026, la cifra más elevada de Castilla y León en ese periodo, por delante de Valladolid, con 21, y León, con 20. De los procedimientos ejecutados en la provincia zamorana, 17 estuvieron relacionados con ejecuciones hipotecarias y otros 12 con la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).
El dato sirve ahora como contexto local para la entrada en vigor del Real Decreto-ley 26/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que amplía hasta el 31 de diciembre de 2030 determinadas medidas de protección frente a los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad que no dispongan de una alternativa habitacional.
La norma no supone que todos los desahucios queden paralizados. La suspensión queda vinculada a los supuestos y requisitos establecidos en el propio decreto y refuerza la intervención de las administraciones públicas cuando se trata de hogares vulnerables sin alternativa habitacional.
El decreto forma parte del paquete de medidas aprobado por el Gobierno esta semana para actuar sobre el mercado de la vivienda. El Ejecutivo ha aprobado además un segundo real decreto-ley, destinado a establecer un sistema de renovación automática de determinados contratos de alquiler, que se tramita de forma separada.
Protección frente a los desahucios hasta 2030
Una de las principales novedades afecta a los hogares vulnerables que se enfrentan a un lanzamiento. El denominado escudo social se prolonga hasta finales de 2030, ampliando el periodo durante el que pueden aplicarse las medidas de suspensión previstas por la legislación.
La protección está dirigida a situaciones en las que concurran las circunstancias de vulnerabilidad previstas legalmente y no exista una alternativa habitacional. Las administraciones deberán reforzar los mecanismos destinados a buscar soluciones habitacionales para estas personas.
Los 29 lanzamientos practicados en Zamora entre enero y marzo no quedan automáticamente incluidos en esta protección, ya que las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial recogen actuaciones que ya han sido ejecutadas y no permiten conocer por sí solas la situación económica o habitacional de las personas afectadas.
