El Consejo General del Poder Judicial, a través del Observatorio contra la Violencia de Género y Doméstica, ha hecho públicos los datos relativos a la violencia sobre la mujer en el primer trimestre de 2026 en la provincia de Zamora. La estadística judicial refleja que se interpusieron 89 denuncias penales en los tres primeros meses del año, lo que evidencia que esta lacra persiste en la provincia e incluso registra un ligero incremento respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 88 denuncias.
De las 89 denuncias presentadas, llama la atención que ninguna fue interpuesta directamente en el juzgado ni por la víctima ni por sus familiares. La gran mayoría, 84, llegaron a través de atestados policiales. De ellos, 81 correspondieron a denuncias de la propia víctima y tres fueron consecuencia de una intervención directa de la Policía. Otras tres denuncias se tramitaron mediante el parte de lesiones recibido en el juzgado y dos más a través de servicios de asistencia y terceros.
No obstante, el número de delitos ingresados en los juzgados de Zamora ascendió a 113, una cifra muy superior a la registrada en el mismo periodo del año anterior, cuando fueron 87. De ellos, 77 correspondieron a lesiones y malos tratos, distribuidos en 42 delitos del artículo 153 del Código Penal, 31 del artículo 173 y cuatro del artículo 148 y siguientes. Además, se contabilizaron siete delitos contra la libertad, 28 por quebrantamiento de medidas y uno por quebrantamiento de penas.
También destaca que se solicitaron 34 órdenes y medidas de protección y seguridad para las víctimas, cuatro más que en el primer trimestre de 2025. De ellas, 23 fueron concedidas y 11 denegadas, siendo todas solicitadas a instancia de la víctima.
En cuanto a las medidas judiciales de protección y seguridad, se acordaron 61 medidas de naturaleza penal, todas ellas vinculadas a órdenes de protección. Las más frecuentes fueron 23 órdenes de alejamiento y 23 prohibiciones de comunicación, además de tres prohibiciones de volver al lugar del delito y 12 suspensiones de tenencia y uso de armas.
