Las personas con discapacidad en Castilla y León esperan entre siete y diez meses para ser valoradas, frente a los más de doce en Galicia y Andalucía. Además, en la Comunidad más del 95 por ciento de las citas para atender a las personas que requieren de la evaluación fueron presenciales .
La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) presentó hoy en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el próximo 3 de diciembre, el informe parcial 'Evaluación participativa del Nuevo Baremo de la Discapacidad: hacia una inclusión más eficaz’, que analiza el proceso de aplicación del Real Decreto 888/2022, vigente desde abril de 2023.
El estudio, basado en más de 1.000 testimonios de personas con discapacidad, familiares y personal técnico de entidades, pone de manifiesto que, persisten graves problemas estructurales que afectan a la calidad, la consistencia y la correcta aplicación de la normativa, informa Ical.
Según el informe, casi la mitad (48 por ciento) de las personas valoradas con el baremo espera más de un año, con especial incidencia en Galicia y Andalucía, donde los retrasos han aumentado entre 18 y 23 puntos porcentuales en comparación con los datos correspondientes a 2023.
Cocemfe alertó además de importantes desigualdades territoriales en la aplicación del baremo. En comunidades como la Valenciana, menos de la mitad de las citas fueron presenciales, y hasta el 45 por ciento se resolvieron únicamente mediante informe facultativo, sin valoración directa, lo que genera desconfianza y percepciones de injusticia.
El estudio refleja una tendencia sostenida a la baja en los grados de discapacidad reconocidos desde la entrada en vigor del baremo. El porcentaje de personas con una valoración inferior al 33 por ciento ha aumentado del 33 por ciento al 40 por ciento, lo que, según Cocemfe, limita el acceso a derechos, prestaciones y apoyos esenciales.
Asimismo, las resoluciones definitivas han descendido del 79 al 69 por ciento, lo que indica un mayor número de expedientes sujetos a revisión, generando incertidumbre e insatisfacción entre las personas valoradas. El informe también evidencia que el 68 por ciento de las personas percibe que el equipo valorador no tiene conocimiento suficiente de su discapacidad, especialmente en patologías orgánicas o poco visibles, y que el 77 por ciento considera que no se tienen en cuenta las comorbilidades, lo que demuestra un déficit estructural en la formación de los equipos.
“El nuevo sistema no está cumpliendo su promesa de objetividad. Seguimos viendo cómo las personas con discapacidad física y orgánica reciben valoraciones más bajas y resoluciones que no reflejan su realidad cotidiana. El baremo no puede ser una herramienta para recortar derechos, sino un instrumento para reconocerlos plenamente”, afirmó el presidente de Cocemfe, Anxo Queiruga.
El apartado sobre reclamaciones confirma la ineficacia del sistema para corregir valoraciones inadecuadas. Y es que solo el once por ciento de las reclamaciones logra un incremento del grado reconocido, mientras que las reducciones de grado aumentan del seis al trece por cinento lo que podría desincentivar el uso de este mecanismo por percibirse como sistema penalizador.
Además, el 59 por ciento de las personas se declara totalmente inconforme con el proceso de reclamación, debido a su lentitud, falta de respuesta o resoluciones genéricas que no atienden los argumentos presentados. “El nuevo procedimiento debería proteger mejor los derechos de las personas, pero lo que vemos es frustración, indefensión y desconfianza”, denunció Anxo Queiruga.
Cocemfe reclamo la adopción urgente de medidas que garanticen una aplicación objetiva y homogénea del baremo de discapacidad. En concreto, pide que se cumpla la ley, reduciendo a un máximo de seis meses el tiempo desde la solicitud hasta que la persona es notificada con su correspondiente grado de discapacidad, reforzar los equipos de valoración con profesionales formados en discapacidades físicas y orgánicas y asegurar su carácter multidisciplinar; y homogeneizar los criterios entre comunidades autónomas para evitar desigualdades territoriales.
También exige garantizar la presencialidad y calidad de las valoraciones, limitando las resoluciones basadas únicamente en informes facultativos; mejorar el sistema de reclamaciones para que realmente corrija resoluciones injustas; y evaluar el impacto real del baremo en el acceso a derechos y apoyos, especialmente de las personas en situación de mayor vulnerabilidad.
