La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades elabora una evaluación de lo ocurrido en residencias de Castilla y León, donde, a causa del coronavirus, han perdido la vida más de 133 personas en los 25 centros tutelados directamente por la Junta. El total de fallecidos asciende a más de 2.584 personas entre residencias de personas mayores tanto públicas como privadas y centros públicos de discapacidad.
Según ha indicado la consejera titular de esta cartera, Isabel Blanco, durante estas semanas se han recabado datos para esclarecer lo ocurrido en estos centros y saber por qué el virus ha entrado en unos centro y no en otros, además de conocer qué medidas se han adoptado en cada centro.
El objetivo, ha explicado, es dilucidar si los centros podrán estar preparados en caso de que se produzca una nueva oleada en el mes de octubre. "Por eso hemos empezado a elaborar informe y recabar datos", ha incidido.
Asimismo y de cara a futuros rebrotes o repuntes, Blanco ha indicado que se antoja necesario que las residencias tengan una dotación mínima de equipos profesionales, de formación y de Equipos de Protección Individual (EPI). En este marco, se adoptará una batería de medidas de carácter urgente pensando en que la situación se pueda repetir en otoño, ha agregado la consejera.
Por otro lado, en lo que respecta a la revisión del modelo de residencias --el cual la consejera de Sanidad, Verónica Casado, llegó a reconocer que había "hecho aguas"-- ha señalado que se trata de "algo más amplio" que habrá que estudiar "con todas las partes implicadas"
