El CESE considera imprescindible preservar la biodiversidad del sistema financiero, sin que ello suponga la arbitrariedad en la aplicación de las normas. Además, añade que “los bancos shareholders-value (SHV) –bancos de acciones- deben complementarse eficientemente con los bancos stakeholder-value (STV) –entidades con participación de los socios, como las cooperativas de crédito- a través de sus actividades mayoristas, minoristas y de inversión.
Y es que este organismo reconoce que las cooperativas de crédito aportan “elementos diferenciales muy significativos: su vinculación con el tejido productivo local, su anclaje territorial, la capilaridad de sus redes comerciales, la proximidad al cliente, la financiación de sectores específicos, su cercanía a los intereses locales y a los agentes sociales y su solidaridad”, considera.
En este sentido, el dictamen recoge que las funciones financieras y sociales de las cooperativas de crédito están fuertemente entrelazadas en su apuesta por la cohesión territorial. “Facilitan la inclusión financiera y la cohesión territorial, fomentando el emprendimiento y la puesta en marcha de proyectos de microfinanzas y de inversión socialmente responsable”, establece. Por ello, el CESE explica que las cooperativas de crédito siguen desempeñando un papel muy relevante en la consecución de la Estrategia Europa 2020.
De hecho, el informe asegura que el modelo de las cooperativas de crédito ha sido bastante acertado en estos últimos años: “Los datos de las cooperativas de crédito son muy elocuentes en tiempos de crisis: ninguna ha entrado en concurso de acreedores en la UE. Tienen aproximadamente un 20% de cuota de mercado de los depósitos, en países como Italia, Francia, Alemania o Países Bajos financian entre un 25 y un 45% de los préstamos a las pymes y han incrementado su cuota de depósitos de forma constante en los últimos años, lo que constituye una importante señal de confianza hacia esta figura”, señala el dictamen.
Por ello, el CESE afirma que el reforzamiento del capital, alcanzar una dimensión adecuada, preservar la territorialidad y mantener los altos niveles de protección del consumidor deben ir de la mano del mantenimiento de los atributos básicos de un modelo empresarial singular. “Las cooperativas de crédito merecen un tratamiento específico en la aplicación de las normas prudenciales, habida cuenta de que estas entidades configuran el modelo de banca que demanda la ciudadanía europea, basado en una gestión responsable y solidaria asentada en los principios y valores de la economía social”, concluye su informe.
Aunque el CESE apoya el esfuerzo realizado por parte de la Comisión Europea al considerar en la nueva regulación financiera la especificidad de las cooperativas de crédito, asegura que el principal problema sigue siendo la adecuada aplicación del principio de proporcionalidad en la nueva regulación bancaria (especialmente en cuanto a la Directiva sobre requisitos de capital -DRC IV- y el Reglamento sobre requisitos de capital -RRC-). El CESE asegura que sin cierta flexibilidad para el cumplimiento de las nuevas exigencias regulatorias, se corre el riesgo de que las cooperativas de crédito se bancaricen y, consecuentemente, se desnaturalicen, “de modo que la sociedad perdería un gran activo social construido durante siglos”, explica.
El CESE reclama un auténtico impulso de la responsabilidad social de las empresas, la ética y la transparencia en las finanzas, y un esfuerzo pedagógico de los organismos supervisores para la mejora de la cultura financiera, en particular en lo que respecta a las fórmulas de la economía social, todavía muy desconocidas. A este respecto, el dictamen establece que es imprescindible otorgar mayor protagonismo y visibilidad a las redes que las representan: la Asociación Europea de Banca Cooperativa (EACB, por sus siglas en inglés) –de la que es miembro la Unacc-, la Federación Europea de Bancos Éticos y Alternativos (FEBEA) y la Agrupación Europea de Cajas de Ahorros (ESBG, por sus siglas en inglés).
Existen en España 63 cooperativas de crédito con un volumen de activos de 131.000 millones de euros. A través de sus más de 4.600 oficinas, da empleo a 18.700 personas. Pero, si hay un dato que destaque del resto es que cuenta con 2,7 millones de socios, 700.000 más que al comienzo de la crisis. Además, este sector tiene una cartera de crédito superior a los 82.765 millones de euros y ha captado depósitos por 96.899 millones de euros, a cierre de 2014.
