El Consejo Consultivo de Castilla y León presenta el próximo lunes, 13 de mayo, su memoria de 2023 en una sesión pública y solemne que presidida, a partir de las 17.00 horas, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en la sede de esta institución, en la ciudad de Zamora.
Su presidente, Agustín S. de Vega, fue elegido por la institución en un pleno en enero de 2019 y ratificado por las Cortes en febrero de se ese año, por lo que se encuentra en funciones desde hace unos 15 meses, al estar pendiente su renovación por parte de los grupos parlamentarios de las Cortes. Su situación es similar a la del Procurador del Común, cuyo proceso reabrieron ayer PP y PSOE, ya que mantienen el acuerdo de que repita durante un segundo mandato Tomás Quintana.
El Consejo Consultivo de Castilla y León, con dos funciones diferenciadas, la consultiva y la referida a la resolución de recursos sobre contratación, aprobó 539 dictámenes el pasado año. El número de dictámenes provincializados (493) difiere del total (539) porque solo se incluyen los expedientes que proceden de una sola provincia. Además, 46 no pueden provincializarse al tratarse de proyectos normativos de la Junta de Castilla y León (anteproyectos de ley, reglamentos ejecutivos, etc.) o que afectan a varias provincias o a toda la Comunidad.
En cuanto a la función consultiva, Valladolid, con 119 dictámenes, León, con 88, y Salamanca, con 84, fueron las provincias de las que procedieron más expedientes. Los expedientes de responsabilidad patrimonial (363) supusieron el 67,35 por ciento del volumen anual de dictámenes del Consejo; a éstos siguen los de revisión de oficio, que suponen un 12,62 por ciento del total.
Por materias, el mayor número de dictámenes (155) provienen de expedientes de responsabilidad patrimonial de ámbito vial (defectos de distinta naturaleza en calzadas, aceras, parques y otras zonas de deambulación), 53 son de ámbito sanitario y 48 de ellos están relacionados con infraestructuras (instalaciones y redes de abastecimiento y saneamiento).
Asimismo, 35 están relacionados con los efectos generados por la COVID-19 (perjuicios en el ámbito de la hostelería mayoritariamente). En cuanto a la provincialización de los expedientes de responsabilidad patrimonial, ésta se realiza según el lugar en el que se han producido los daños que se reclaman. El 53,99 por ciento de las consultas (291) procedieron de las administraciones locales y el 46,94 por ciento (243) de la administración autonómica.
