Castilla y León estrenó 2021 con las esperanzas volcadas en el proceso de vacunación frente a la COVID-19 y con la falsa sensación de que la pandemia había tocado techo. Salvar las navidades fue un caldo de cultivo que provocó volver a tensionar los hospitales, desalentar a los profesionales sanitarios, nuevas medidas restrictivas para una sociedad agotada con el síndrome pandémico, y más muertes. Se vaticinaba un mes de enero complicado, que fue un punto y seguido para un año complejo en el que no se levantó cabeza y que concluyó con una sexta ola en plena explosión, con récord de contagios.
Sí, se volvió a tropezar hasta seis veces con la misma piedra, aunque en los últimos casos el impacto del coronavirus sobre la salud fue menor y se surfearon las olas con cierta tranquilidad gracias a la vacuna. Todo, de momento, ya que la nueva variante ómicron llega con fuerza, campa a sus anchas en la Comunidad y apunta a que en días, si no ya, será la predominante.
En 2021, el COVID volvió a eclipsarlo todo, más en la recta final del año, y eso que en octubre se auguraba que todo iba acabando. Sin instrucciones, sin restricciones y a las puertas de una Navidad sin medidas, el virus provocó una nueva Conferencia de Presidentes que volvió a imponer el uso de las mascarillas en las calles y puso su acento en la vacunación y el refuerzo de la Atención Primaria. A mayores, Castilla y León acordó reforzar los rastreos y desplegar unidades móviles de test COVID-19 para aliviar la presión de los centros de salud.
El ejercicio acabó con más de 210.000 contagios y una lista por encima de los 2.000 muertos, para una crisis sanitaria que desde que arrancó en Castilla y León ha infectado a más de 352.000 personas; supera las 6.300 vidas perdidas en los hospitales, y cerca de 12.000 fallecidos confirmados o con síntomas compatibles con la enfermedad.
Problemas endémicos que se agudizan
El año puso sobre el tapete problemas endémicos que ni se olvidaron, ni se solventaron, sino todo lo contrario, se agudizaron: una Atención Primaria contra las cuerdas, en buena parte por la falta de profesionales, pero también por un modelo agotado que reabrió el melón de la reordenación sanitaria, aún sin diagnóstico; falta de médicos en 18 especialidades, nada nuevo bajo el sol desde hace 15 años; listas de espera en aumento, y caída en los diagnósticos de la patología no-covid, que obliga a una necesidad imperiosa de recuperar la atención en las ciudades y, en especial, en los pueblos que reclamaron hasta la extenuación la reapertura de sus consultorios. Y lo lograron, aunque con el modelo de cita previa.
Ahora la pelota está en manos del nuevo consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, después de que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, decidiera, en plena cresta de la sexta ola, cesar a la ‘Mejor médica del mundo’, Verónica Casado, quien ha luchado en los dos últimos años a capa y espada para abatir al virus desde el inicio de la crisis sanitaria.
Derecho a morir
Más allá del COVID, 2021 dio la bienvenida al derecho a morir. El 18 de marzo España aprobó la Ley de Eutanasia y se convirtió en uno de los primeros países en regularla, junto a Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Canadá. El 25 de junio, entró en vigor y obligó a las autonomías a crear sus comisiones de garantía. La primera eutanasia se practicó en Castilla y León el 25 de octubre.
También, se devolvió el derecho al acceso a la reproducción humana asistida del Sistema Nacional de Salud a 8.500 mujeres sin pareja, lesbianas y bisexuales, incluidas las personas trans con capacidad de gestar; y vio la luz el prometido Plan Nacional de Atención primaria 2022-2023, con presupuesto finalista; el compromiso de reducir la temporalidad; aumentar la capacidad resolutiva; fomentar la telemedicina y con el acento puesto en el abordaje a la cronicidad, seguridad al paciente y prevención del cáncer.
El covid, suma y sigue
La pasada Navidad se celebró con la falsa sensación de que el virus daba sus últimos coletazos, con el punto de mira puesto en la vacuna. Lo cierto es que la sombra de la Navidad fue alargada, muy alargada. El virus se descontroló hasta el punto de que el 7 de enero se decretó el cierre perimetral de la Comunidad mientras durara el estado de alarma. No fue la única medida. Se restringieron a seis personas en las reuniones y continuó vigente el toque de queda entre las 22 y las 6.00 horas. El 11 de enero, las nueve provincias de la Comunidad superaron ya los 125 casos por cada 100.000 habitantes a siete días y alcanzaron el nivel de riesgo muy alto. La transmisión era comunitaria y la curva seguía creciendo.
Hoy Castilla y León se enfrenta a otra Navidad con incidencias de contagios por COVID-19 desbordadas, que llegan a triplicar las de hace un año y que ya se están haciendo notar en la ocupación hospitalaria. Todo, con una Atención Primaria contra las cuerdas, que en estos momentos cuenta con más de 36.000 pacientes contagiados, que superan en 6.000 a los de hace un año. Es cierto, que se cuenta con el colchón de la vacuna, la agilización de las terceras dosis, su próxima ampliación a los mayores de 40 años y la deseada inmunización de los niños. Habrá que esperar a que pasen las fiestas para ver sus efectos.
Tras las pasadas, el día 15 de enero, la situación fue dramática. Se habían alcanzado ya los 2.300 contagios en un día. Era el pico más alto de la pandemia. Esa misma jornada se decretó el cierre perimetral de las provincias y se adelantó a las 20 horas el toque de queda, que entraría en vigor el sábado 16. Las reuniones en los domicilios se redujeron a cuatro personas. La población y los sectores pusieron el grito en el cielo. Un mes después, el Tribunal Supremo lo declaró ilegal. Al menos se había ganado tiempo para evitar enfermedad y muerte.
La Junta siempre defendió su decisión, pero no se atrevió a volver a aplicarla, como tampoco se atrevió con el pasaporte COVID, ni con otras medidas que sí adoptaron otras autonomías para atajar la sexta ola. En aquel momento, el toque de queda a las 8 logró dividir por 12 el crecimiento exponencial de casos de la tercera ola en cuatro semanas, el mismo tiempo en que se había descontrolado.
Pese a las limitaciones, los contagios no paraban de crecer. La situación obligó a la Consejería a redoblar y cambiar su estrategia de detección precoz del COVID-19 con cribados masivos con test de antígenos de segunda generación. Los polideportivos, pabellones de deportes de pueblos y universidades se pusieron la bata blanca. Fueron clave para la detección de los asintomáticos y contener la propagación.
El tsunami de la tercera ola
El 20 de enero, Castilla y León alcanzaba la barrera psicológica de los 3.000 casos, con 2.981. La psicosis no era tal. El tsunami de la tercera ola llegó el 25 de enero. Los hospitales públicos se acercaban a los peores momentos de la primera ola, la de marzo de 2020. La Consejería de Sanidad derivaba ya pacientes a centros privados para ser intervenidos y volvió a cerrar quirófanos y extender las ucis. Algunos centros se encontraban en situación crítica. De hecho, aquella semana se habilitó una nueva área del hospital COVID de Rondilla, en Valladolid, y se comenzó a estudiar posibles traslados de pacientes a otros territorios.
El mes de enero se cerró con restricciones excepcionalísimas para 53 municipios que superaron los 1.500 casos por cada 100.000 habitantes a siete días. La lista fue variando. La mayor parte eran pequeños municipios, aunque el listado incluyó a Palencia capital. Se cerraron el ocio y las terrazas y se fijaron las 18.00 horas para el resto de negocios. El rápido incremento de los contagios redobló medidas con el cierre de los centros comerciales y de las instalaciones deportivas, y la prohibición del consumo en interiores y en barras. La hostelería, sector más que tocado, sólo pudo abrir las terrazas.
La tercera ola se caracterizó por un aumento muy rápido de casos desde la primera semana de enero, alcanzando el pico en la última semana del mes, con una tasa de 1.417 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días. A mediados de febrero, la curva bajaba, pero el COVID seguía entre la población. Comenzaba a hablarse de la desescalada. A finales de mes se ampliaron los horarios del comercio no esencial y de las terrazas hasta las 22.00 horas y se flexibilizaron las visitas en la residencias de ancianos. El interior de la hostelería, centros comerciales y deportivos seguían clausurados.
Hacia una meseta
El 25 de febrero, Castilla y León registró una de las cifras más bajas de contagios desde que arrancara el año, con 284, aunque las muertes continuaban. El 28, la incidencia acumulada a siete días se consolidó en riesgo medio, con 70,15 casos, y el virus comenzó a dibujar una meseta. Mientras, la Junta fijaba el nuevo criterio para la desescalada en el 35 por ciento de ocupación de las ucis. Se anuló con el llamado ‘semáforo COVID’ para toda España, ahora rebajado por los efectos de la vacuna.
En marzo, volvieron los gimnasios, centros comerciales y el interior de la hostelería con limitaciones de aforo. El acuerdo ponía fin a las medidas excepcionalísimas, aunque mantenía las de nivel 4 de alerta sanitaria. En esas fechas, Sanidad optó por frenar los cribados masivos.
Se respiraba cierta tranquilidad. El 6 de marzo, la Comunidad entró en el nivel de alerta 2, aunque el ocio nocturno permaneció cerrado. Además, se abrieron los centros de personas mayores, el interior de los bares y restaurantes y se amplió su horario hasta la una de la madrugada y las terrazas hasta las dos. Continuaba un valle con un estancamiento de los contagios.
Un espejismo
Algo se aprendió de la Navidad, y no se quiso salvar la Semana Santa. De nuevo, hubo un cierre perimetral desde el 17 al 21 de marzo y del 26 de marzo al 9 de abril en todo el territorio nacional. Se empezaba a ver la luz al final del túnel, pero a finales de marzo la caída de contagios se estancó, y repuntó el índice reproductor.
Llegaba la cuarta ola. El 13 de marzo se volvió a cerrar el interior de la hostelería y las salas de juego en municipios que superaron la incidencia acumulada de 150 casos. Todo, pese a que el diez por ciento de la población de Castilla y León ya había recibido las dos dosis de la vacuna. La situación lastró la vuelta a la atención presencial en los centros de salud.
A mediados de marzo, se había alcanzado el pico de la cuarta ola, después de 14 días del fin de la Semana Santa. Era de esperar que no se produjera ningún crecimiento si la población continuaba manteniendo las medidas de seguridad.
Fin del Estado de alarma
Con mayo llegó el fin del estado de alarma, el día 9, y comenzó un nuevo tsunami entre partidos y gobiernos. Mientras el Gobierno consideró que las comunidades podían mantener a raya al COVID con sus competencias y el recurso al Supremo, varios gobiernos autonómicos, entre ellos el de Castilla y León, pidieron por activa y pasiva una nueva Ley de Salud Pública y una ley de pandemias para poder actuar con seguridad jurídica. Las autonomías comenzaron su andadura solas
El 26 de junio, el uso de la mascarilla dejó de ser obligatorio en exteriores, siempre y cuando se cumpliera la distancia social. De nuevo, llegó la polémica. Ahora, con el virus cabalgando, se vuelve a imponer, como medida estrella para atajar la sexta ola.
La ola de los jóvenes
En julio, cuando parecía que se ganaba el asalto, llegaron los macrobrotes, primero en Mallorca, motivados por los viajes de fin de de curso. Se sumaron otros destinos. La falsa sensación de normalidad provocó fiestas y reuniones que llevaron a la ola de los jóvenes, con sus padres, aún sin vacunar, y que luego se generalizó. La tendencia creciente de contagios, unida a la amenaza de la variante Delta, volvió a frenar la entrada en la nueva normalidad.
Las cifras regresaban a niveles de febrero. El 1 de junio, la incidencia del COVID a siete días pasó a riesgo alto, con 79,21 casos por cada 100.000 habitantes, y la tasa a 14 días continuaba su escalada, con 108,81. Los nuevos contagios se desbocaron. No había lugar a dudas, llegaba la quinta ola.
Días después, el riesgo era ya muy alto, hasta el punto de que el Gobierno de Castilla y León volvió a defender el toque de queda entre la una y las seis de la mañana. Había transmisión comunitaria entre los jóvenes y los datos cada vez se parecían más a los de Navidad. En una semana, la Comunidad había sumado 5.000 nuevos contagios. Parecía una broma. La curva era ya casi como una pared. Uno de cada 100 jóvenes de entre 12 y 29 años estaba infectado.
El COVID galopaba en Castilla y León. El 10 de julio se llegaron a notificar 2.268 casos, el pico de la quinta ola. La Comunidad se adentró en el riesgo extremo. La Junta optó por cerrar el ocio nocturno a las dos de la mañana y prohibió de nuevo el consumo en barra. Además, se adelantó el cierre de la hostelería a la 1,30 horas.
Sanidad se planteó el cambio de protocolos: volvieron los rastreadores, se potenció la línea 900 y el Covid AP. En esta ola, el ring se trasladó a los centros de salud, que amortiguaron el nuevo golpe bajo del coronavirus, que parecía estar perdiendo el combate.
No se podía entender. Todo, siendo la Comunidad con mayores medidas restrictivas. Para el PSOE, la situación se debía a la falta de refuerzo de la sanidad pública, ausencia de atención sanitaria presencial, despido de los rastreadores en la cuarta ola, falta de adopción de medidas y de consenso con los sectores afectados. No eran los únicos que pensaban así.
El 20 de julio, la propia consejera de Sanidad, Verónica Casado, pidió a la población que se autoaplicara el toque de queda y evitara al máximo los contagios para luchar contra esa quinta ola, ante la negativa de la Junta a solicitarlo ante el Tribunal Superior de Justicia, como estaban haciendo muchas autonomías.
Si en la tercera ola se tardó cuatro semanas en multiplicar por 12 los casos, en esta quinta en dos semanas los contagios se multiplicaron por 16. Tocaba bajar en espejo. El 27 de julio, Sanidad estimaba que la quinta ola había tocado techo. Se ralentizaba el ritmo de los contagios, aunque la situación aún era de riesgo muy alto en todas las provincias.
Julio dio la bienvenida a la dispensación sin receta en las oficinas de farmacia de los test de autoevaluación del COVID-19, a un precio que oscilaba entre los 6 y los 10 euros. Y de nuevo se prorrogaron las medidas de contención hasta el 16 de agosto, luego hasta el 30. Continuaba el descenso de contagios de la quinta ola.
Riesgo controlado
El 8 de septiembre, sólo cuatro provincias continuaban en niveles rojos, en riesgo alto. El 16, Castilla y León pasó a nivel 1 y se declaraba la situación de riesgo controlado. Se vivió un mes de octubre relativamente tranquilo. Pero a medida que acababa, empezaron a subir los datos.
A finales de noviembre, la Comunidad caminaba hacia los malos datos del verano con tan solo dos meses sin restricciones. El escenario se parecía ya al de la cuarta ola. La incidencia a 14 días era de 148 casos. Los contagios habían crecido seis veces en seis semanas, con tasas relativamente bajas en relación a otras olas pero que obligaban a tomar decisiones.
A mediados de diciembre, Castilla y León se encontraba en plena cresta de la sexta ola, la de los niños, ya en riesgo muy alto o extremo, con transmisión comunitaria no controlada y sostenida que excede las capacidades de respuesta del sistema; con incidencias a 14 días por encima de los 900 casos, y a siete, cerca de los 600. En diciembre de 2020, el escenario se encontraba dos niveles por debajo, riesgo medio.
El salvavidas de la vacuna
En España, el salvavidas de la vacunación funcionó, aunque no llegó a tiempo para frenar la tercera ola, con la que se pagaron los excesos de la Navidad. Lo que sí se cumplió fue el objetivo de llegar al verano con el 70 por ciento de la población vacunada, y con creces. El 5 de agosto, Castilla y León superó este umbral con más de e 1,5 millones mayores de 12 años con la pauta completa. Se adelantó casi un mes al objetivo de inmunidad de grupo, y con ello se redujeron un 90 y un 80 por ciento las tasas de mortalidad y de ingresos.
La vacuna liberó a Castilla y León del yugo del COVID-19: la curva de muertes regresó a niveles prepandemia. Abril arrojaba ya una caída del 35 por ciento de los fallecimientos previstos, una tendencia que comenzó en marzo cuando el exceso de mortalidad fue del 14,7 por ciento, muy por debajo de olas previas.
Nunca antes se había vacunado a tanta gente en tan poco tiempo, gracias a una estrategia nacional que funcionó, y todo con las dificultades de logística que implicaban los sueros por la exigencia de permanecer a bajas temperaturas. La estrategia fue un éxito, también con sus luces y sus sombras, y todo pese a que se convirtió en una fácil arma arrojadiza. Y es que al principio las dosis de las tres vacunas llegaban a cuentagotas.
Marzo asistió a la apertura de los llamados ‘vaunódromos’, trece puntos de vacunación con capacidad para vacunar a 30 personas por hora y línea. Estuvieron operativos entre 10 y 12 horas al día, incluidos los fines de semana, para agotar todas las dosis que llegaban cada semana. Se abrieron en las capitales de provincia, y en las localidades de Ponferrada (León), Miranda de Ebro y Aranda de Duero, en Burgos, y Medina del Campo (Valladolid).
Polideportivos, centros de congresos, culturales y carpas anexas a los hospitales sirvieron para que a los seis meses des que se iniciara el proceso en la Comunidad, casi 950.000 personas ya tuvieran su pauta completa y 1,4 millones, la primera dosis.
A medida que acababa el verano, cuando se implantó la autocita para los menores de 40 años, se fueron cerrando estos espacios, para dar paso a centros de salud de referencia, y luego, ya con la tercera dosis, normalizar la inmunización en los centros de salud. Al final se reabrieron para poner la dosis de refuerzo de Jannsen y acelerar las terceras dosis entre los mayores de 60. También para vacunar a los niños.
Efectos secundarios
El 12 de enero, llegaron a España las primeras dosis de la vacuna frente a la Covid-19 de Moderna desde Bélgica. Era la tercera vacuna, junto a la de Pfizer-BioNTech y Oxford-AstraZeneca. Luego llegaría la de Jannsen que sólo exigía una dosis, al final se puso una segunda de refuerzo. La administración de AstraZeneca fue palizada en marzo de forma provisional en toda España ante los casos de trombosis detectados en otros países de Europa.
El 7 de abril, el Ministerio de Sanidad y las autonomías decidieron suspenderla en menores de 60 años. La decisión respaldó el principio de prudencia que ya llevó a la Consejería de Sanidad el 7 de abril a pararla hasta conocer el pronunciamiento de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), algo que el propio Gobierno nacional desautorizó. Era la segunda vez que lo hacía. El 12 de marzo la suspendió por un lote que había sido relacionado con posibles efectos adversos graves en Austria y Dinamarca.
La polémica estaba servida. Dejaba en el aire a 89.600 personas menores de 60 que ya la habían recibido en Castilla y León. Al final, se optó por que eligieran entre recibir este suero u otro para completar el ciclo de dos dosis.
También, se recortaron los tiempos de 12 a ocho semanas para la segunda dosis en la población de entre 60 y 69 años vacunada con AstraZeneca, por el avance de la variante Delta. A la vuelta del verano, se aprobó una tercera dosis para los mayores de 70 años, que se combinó con la administración de la vacuna de la gripe, y en noviembre también para la población de entre 60 y 69. Ahora, los mayores de 40 se encuentran a la espera de su tercera dosis.
El 25 de noviembre, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) aprobó la vacuna de Pfizer para los niños entre cinco y once años. Dejaba ya en manos de los estados miembros su inclusión en las campañas de vacunación. En España, el proceso arrancó el 15 de diciembre.
Nuevas cepas
En febrero se conoció que la cepa británica, mucho más contagiosa, alcanzaba una penetración del 14 por ciento en Castilla y León. También comenzaban a circular variantes de Brasil y Sudráfrica. En verano, las nuevas cepas, tanto la variante Beta (la sudafricana) y Delta (la india), desplazaban a la variante británica, que terminó por denominarse alfa.
A finales de año, Europa comenzó a aumentar la secucienciación por el riesgo de que apareciera alguna nueva variante capaz de disparar los casos, en un contexto en el que países con bajas tasas de vacunación se enfrentaban a más muertes y contagios. Llegó la ómicron. Austria decidió hacer obligatoria la vacunación en febrero de 2020, y algunos países volvían a tomar medidas para salvar la Navidad: vuelta al teletrabajo, eventos deportivos sin públicos y adelanto del cierre comercial. El 22 de noviembre Austria quedaba confinada para frenar su cuarta ola.
Mientras, España revisaba su semáforo sin ninguna medida restrictiva, por el impacto de la vacunación. Se flexibilizaron algunos indicadores, como el parámetro de peligro bajo de transmisión que subió de los 50 a los 100 casos por 100.000 habitantes.
El legado del COVID
En febrero se conocieron las listas de espera. La demora media para una intervención quirúrgica en Castilla y León pasó de 94 días a 152. La lista de espera global para ser intervenido quirúrgicamente en los hospitales de Sacyl se situó al cierre de 2020 en 36.086 pacientes, un dos por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 35.314.
Pero no fueron los únicos efectos colaterales. La atención al COVID hizo caer un tres por ciento los diagnósticos de cáncer; un 16 por ciento los ingresos por infarto, un nueve por ciento por ictus y se redujeron un 20 por ciento las complicaciones diabéticas. La saturación del sistema rebajó un ocho por ciento las consultas de salud mental y bajaron una cuarta parte los problemas relacionados con la hipertensión. El legado del COVID-19 en los menores se tradujo en más trastornos de conducta alimentaria, intentos de suicidio y fobia escolar.
Tocaba comenzar a reconstruir un sistema, sobre todo en las patologías tiempo dependientes, lo que provocó la creación de los grupos de trabajo post-pandemia en Atención Primaria y Hospitalizada. También, que las consejerías de Sanidad, Educación y Familia dieran un paso adelante y se pusieran a trabajar de forma conjunta y coordinada para identificar la ideación y las tentativas de suicidio para mitigar los factores de riesgo y fortalecer los factores protectores. Nació la Estrategia de Prevención de la Conducta Suicida en Castilla y León hasta el año 2025.
Males endémicos
Y mientras se intentaba aplacar la pandemia, en el aire seguían flotando los males endémicos del sistema. El principal, el déficit de profesionales y cómo atajarlo, con sus efectos más acuciantes en el medio rural. Un problema de país que llevó a la propia Casado a reconocer que “toda Castilla y León” era ya “de difícil cobertura” con bolsas a cero en algunas especialidades, y que en el caso de Medicina de Familia afectaba al medio rural.
Con la llegada del verano, los consultorios locales continuaban cerrados. Fue un punto de fricción no sólo entre Gobierno y oposición, sino entre Gobierno y población y entre socios de Gobierno, PP y Cs. No sólo el PSOE denunció la situación. El propio Procurador del Común criticó una merma de la atención sanitaria al sustentarse principalmente en la asistencia telefónica, lo que a su juicio ocasionó “limitaciones de variado orden en la prestación del servicio”. La Consejería se amparó en la cita a la demanda, pero no convenció y el pueblo se hizo escuchar.
Las plataformas en Defensa de la Sanidad Pública convocaron movilizaciones contra la gestión "ineficiente" y "fraudulenta" de la Junta, y pidieron la reapertura, la cobertura de todas las plazas de profesionales y la convocatoria de los consejos de Salud.
La propia Federación de Municipios y Provincias de Castilla y León (FRMP) trasladó la preocupación rural por la cita a demanda y solicitó que se abrieran los centros en su totalidad en cuanto fuera posible.
En julio, varias organizaciones de la España Vaciada advirtieron, con prendas blancas colgadas en los balcones de los pueblos, del "desmantelamiento" del sistema sanitario en el mundo rural.
Vuelve la reordenación
Y llegó la respuesta de la Junta, de la consejera de Sanidad, Verónica Casado. Se retomaba la reordenación sanitaria rural, el conocido como Plan Aliste: “Ya no se pilota nada. Hay cosas que tenemos que implantar y no podemos perder más tiempo”. El sistema sanitario daba “signos de agotamiento” y “no hacer nada es irresponsable”.
Las críticas no tardaron. Sindicatos y partidos políticos salieron a la palestra, criticando un modelo que no gustaba, “sin debate”, “oscurantista” y que, para muchos, era un intento de de desmantelar la sanidad rural. La Junta negaba un trasvase de sanitarios de los pueblos a los centros de salud urbanos.
El revuelo fue tal que llevó a Casado a iniciar en septiembre una ronda de contactos con asociaciones de pacientes, sindicatos de clase, sectoriales, FRMP, y colegios profesionales. Se remitió a las recomendaciones de los expertos de los grupos creados por la Consejería y los nombrados por los grupos de las Cortes en las que se coincidía en una reordenación.
Fin al plan Aliste
Septiembre entró con fuerza, y ante los clamores del medio rural, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, dio un golpe sobre la mesa en el pleno de las Cortes del día 6. Anunciaba que al día siguiente votaría a favor de la proposición no de ley (PNL) del Grupo Parlamentario Socialista para retirar el plan de reordenación, impulsado por Casado y Ciudadanos. Y precisaba: “Todos los consultorios abiertos cuando pase lo peor de la pandemia”. Volvió a invitar al líder de la oposición a una reunión para evitar la tensión sanitaria. Luis Tudanca la condicionó a retirar el plan Aliste con el que la Junta quería “cargarse la sanidad”.
Al final, el plan se retiró. El 7 de septiembre el grupo parlamentario Ciudadanos planteó en las Cortes por primera vez la retirada del plan de reestructuración de la Atención Primaria en el medio rural. La formación naranja presentó una enmienda de adición a una proposición no de ley del PSOE que solicitaba dar carpetazo de este tema junto con otras medidas y que los socialistas rechazaron. El día 15, PP y Cs presentan una iniciativa conjunta que reclama un acuerdo que refuerce la Atención Primaria.
La situación se entendió como un desprecio hacia la consejera y provocó que llegaran en cascada peticiones de dimisión. De las primeras, la del líder de Podemos, Pablo Fernández, que definió "insostenible" su situación, "al carecer del respaldo de la oposición, del PP ni de su propio Grupo Parlamentario”.
Aguantó el tipo, como lo hizo en los peores momentos de la pandemia, y volvió a pedir una reunión urgente a Tudanca. Unos días después, el propio presidente le exigía volver a la atención presencial en los centros de salud y abrir los consultorios. Lo hizo, pero a demanda y con cita previa, algo inusual en los pueblos, pero que es el sistema que se utiliza en las ciudades, donde, junto a la consulta presencial, se quedó también la telefónica.
Estrategia de refuerzo
De forma paralela, la consejera inició una ronda de contactos para explicar su modelo. Ya no era un plan de reordenación, sino una estrategia de refuerzo de la Atención Primaria, con una inversión comprometida de 100 millones, que abarcaba más allá de sanidad rural. Se sintió arropada por los colegios profesionales, diez sociedades científicas, sindicatos –con la excepción de UGT-, y asociaciones de pacientes.
Y cuando las aguas volvieron a su curso, uno de los impulsores de esta reforma, Alfonso Montero, presentó su cese –a la tercera fue la vencida- y dio paso, el 14 de noviembre, a Gloria Sánchez Antolín, como directora general de Planificación y Asistencia Sanitaria.
El año de la Enfermería
2021 fue el año de la Enfermería, que había visto arruinado por el COVID su año internacional, 2020, el Nursing Now. Sanidad acreditó a los enfermeros de Sacyl para dispensar medicamentos, y firmó un acuerdo retributivo exclusivo para que levantó ampollas entre el resto de profesionales, ya tocados con el llamado ‘decretazo’ de prestaciones laborales del personal sanitario en pandemia. La Junta acabó retirándolo en marzo, pero no concluyeron las protestas por entender que el acuerdo exclusivo con enfermería menospreciaba al resto.
Caso traumatólogo de Medina
En junio, conmocionó la muerte en accidente de tráfico de un traumatólogo del Hospital de Medina del Campo (Valladolid). Un día después, la Gerencia Regional de Salud comunicó la apertura de un expediente de información reservada al profesional del centro medinense, tras conocer que varios trabajadores habían presentado una denuncia por una "presunta conducta irregular", al parecer, le acusaban de presuntos abusos a niñas y jóvenes, por lo que dio traslado a la Fiscalía.
Comenzaron las dimisiones en bloque, empezando por el director gerente del centro y del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, José Manuel Vicente, y la directora médica del hospital medinense. Les seguiría la directora de Enfermería. Luego llegaría la del jefe de Anestesia y el cese del jefe de Unidad de Cirugía Ortopédica y Traumatología por "pérdida de confianza".
El caso está ahora en manos de los juzgados de Medina, y se sabe que la Consejería de Sanidad se personará como acusación particular contra los exdirectivos del Hospital de Medina del Campo por un posible delito de omisión, al tener conocimiento de un posible caso de abusos sexuales por parte de un traumatólogo y no denunciarlo.
