El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, ha aprobado la declaración como Proyecto Industrial Prioritario (PIP) del Plan Industrial presentado por la empresa Freigel Foodsolutions para su planta de Roales del Pan y Valcabado, en la provincia de Zamora. Este plan, que se desarrollará durante el periodo 2025-2030, implica una inversión total de 36,8 millones de euros y la creación de 432 puestos de trabajo, de los cuales 132 serán empleos directos.
La figura del Proyecto Industrial Prioritario (PIP), contemplada en la Ley de Industria de Castilla y León, se aplica a aquellas propuestas de inversión orientadas a la implantación o ampliación de instalaciones, que impliquen una expansión significativa del tejido industrial de Castilla y León o ayuden a su consolidación. Para ello, se tendrá en cuenta la repercusión económica del proyecto en términos de inversión y creación de empleo, así como su posible impacto tecnológico e innovador, que justifiquen las razones de interés general para su declaración.
En el caso de Freigel Foodsolutions, la declaración como PIP se fundamenta en que el proyecto implica una expansión significativa del tejido industrial de Castilla y León, con una inversión prevista de 36,8 millones de euros que generará un impacto económico relevante: crecimiento del PIB de la zona, generación de empleos directos e indirectos, dinamizando la economía local, e impacto tecnológico e innovador.
La planta sobre la que se va a desarrollar el proyecto, que pertenece al grupo Audens Group Solutions, está instalada en Zamora desde 1974, centrado su actividad en la elaboración de platos precocinados y aperitivos congelados. El objetivo principal de la inversión prevista es la ampliación de la capacidad productiva de la planta mediante líneas de producción especializadas en elaborados cárnicos de pollo, con una capacidad de producción de hasta 3.500 kg/h.
El proyecto contempla una significativa obra civil (acondicionamiento de naves, nuevas salas de proceso) e instalaciones industriales avanzadas, incluyendo la ampliación de la instalación frigorífica y la incorporación de maquinaria de última generación, como la freidora automática más larga de Europa y un túnel de congelación espiral. Además, se potenciará el control de calidad con sistemas digitales de peso, detección de metales y rayos X UHD.
En términos de empleo, el Plan Industrial prevé la creación de 132 puestos de trabajo directos en el periodo 2025-2030. A esto se suma un importante efecto tractor en el sector primario, logístico y de servicios, estimándose la generación de otros 300 puestos de trabajo indirectos en la provincia de Zamora. Además de contribuir al mantenimiento de unos 900 proveedores locales y más de 1.900 en el conjunto de la Comunidad, lo que supone más de 600 empleos indirectos en toda Castilla y León.
Durante el pasado ejercicio 2024, más del 48 % de las materias primas que entraron en la planta zamorana procedían de Castilla y León, con un valor estimado superior a 25 millones de euros. Con la nueva inversión se estima que el valor de compra a proveedores de la Comunidad se eleve hasta los 67 millones de euros en 2030.
La declaración de este plan como Proyecto Industrial Prioritario por parte de la Junta de Castilla y León, permitirá facilitar y agilizar el desarrollo de la inversión. En este sentido, la declaración de PIP lleva aparejada la urgencia de todas las actuaciones competencia de la Administración autonómica. Esto implica que los plazos legalmente establecidos para su tramitación quedan reducidos a la mitad, facilitando la rápida implementación de la inversión y la generación de empleo.
Además, la declaración permite la aprobación automática de la ampliación, implica la declaración de utilidad pública e interés social del proyecto, otorga la posibilidad de la concesión directa de subvenciones, siempre y cuando se cumpla con la normativa aplicable, y facilita el acceso a infraestructuras esenciales como vías, energía o canalizaciones, en caso necesario.
Paralelamente, la declaración de PIP, conforme a la Ley de Industria de Castilla y León, requiere que las inversiones y los objetivos de empleo se mantengan en los emplazamientos contemplados durante al menos cinco años tras la finalización del proyecto en 2030.
