La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, valora positivamente la sentencia conocida hoy que señala la responsabilidad del Gobierno de Aragón por no haber protegido al personal de la Sanidad en la crisis del COVID-19.
A la espera de conocer con detalle el contenido de la sentencia, CSIF espera que el Tribunal Supremo tenga en cuenta los argumentos jurídicos planteados por el juzgado de Teruel. “Es una buena noticia porque por fin desde los tribunales se empieza a reconocer la responsabilidad de las administraciones en la falta de protección de las personas que estuvieron en primera línea contra el coronavirus”, explican.
La querella de CSIF contra el ministro de Sanidad, como máxima autoridad sanitaria, considera que la falta de acopio de material de protección (mascarillas, guantes, batas, etcétera) y la posterior distribución de material en malas condiciones (mascarillas fake) suponen la vulneración de los derechos a la protección de los trabajadores (artículos 316 y 317 del Código Penal) y en consecuencia los presuntos delitos de homicidio y lesión imprudente.
Coincidiendo con esta noticia, CSIF ha reclamado a los grupos parlamentarios que reconozcan el contagio por COVID 19 como accidente de trabajo para el conjunto de las personas trabajadoras. Hasta el momento, el decreto aprobado por el Gobierno solo lo contempla para el personal de la sanidad y sociosanitario.
