La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha propuesto a la Agencia Tributaria un Plan para que afloren más de 3.000 millones de euros procedentes de la lucha contra el fraude fiscal, mediante el refuerzo de las plantillas, así como los recursos y la organización del servicio de vigilancia aduanera.
Esta iniciativa ha sido presentada a la Agencia Tributaria y a los diferentes grupos parlamentarios para que se tenga en cuenta en el plan de reconstrucción que debe afrontar España tras el impacto del Covid-19.
La plantilla actual de la Agencia es de unas 25.000 personas, 5.000 menos que la media de las cinco principales economías de la Unión Europea, una cifra insuficiente para luchar de manera eficaz contra el fraude fiscal y la economía sumergida. Si lo comparáramos con la media total de la los países de la UE, nos faltarían 14.000 efectivos. No obstante, entendemos que con un refuerzo de 5.000 personas en un plazo de 3-4 años, la lucha contra el fraude mejoraría de manera exponencial.
Según los índices de desempeño de la propia AEAT que recoge CSIF, cada empleado de la AEAT en el año 2018 ha obtenido 607.187 € en la lucha contra el fraude. Por tanto, el refuerzo de personal es crucial para una mejora de los ingresos públicos.
Además, desde el año 2008 se han perdido unos 3.000 empleados y se ha incrementado la media de edad en ese mismo periodo en más de 5 años, hasta situarse en los 52,16 años.
Policía Fiscal contra la economía sumergida
En España, no existe ningún estudio oficial que establezca el porcentaje de economía sumergida, aunque hay estimaciones que lo sitúan en torno al 24% del PIB. Esto supondría unos 70.000 millones para las arcas estatales, una merma que disminuye las opciones de mejorar servicios públicos, como el sanitario.
Planteamos que la lucha contra la economía sumergida implique a todos los recursos de la Agencia Tributaria, que debe afrontar una reestructuración. Además de los dedicados a aplicar el sistema tributario (Inspectores, Técnicos y Agentes de Hacienda), hay que potenciar servicios como el de Vigilancia Aduanera (SVA), como embrión de una futura Policía Fiscal en el Plan de Lucha contra el Fraude.
El SVA cuenta con una amplia trayectoria en la lucha contra el fraude y la economía sumergida. Su personal, con carácter de agentes de la autoridad y reconocidos como policía judicial, persigue delitos de contrabando, tráfico de drogas, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública. En este sentido, podría resultar de extraordinaria utilidad su experiencia, por ejemplo, en la afloración de patrimonios ocultos de organizaciones criminales aplicando sus capacidades de investigación policial.
Reclamamos que este Servicio cuente con un Reglamento actualizado y un nuevo encaje orgánico dentro de la AEAT, que le permita colaborar de forma ágil y eficiente en la investigación de operaciones complejas de fraude fiscal.
En definitiva, en un contexto como el actual prevemos incrementos importantes en el gasto y una posible reducción de los ingresos públicos por la crisis del Covid-19. Por esta razón, es el momento de tomar medidas y que la AEAT sea garante de la justicia fiscal, la igualdad y la eficacia en la aplicación de un sistema tributario justo.
