La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, valora que el Tribunal de Justicia de la UE constata "una vez más el abuso continuado de la contratación de empleados públicos temporales en España y exige medidas urgentes para atajar la precariedad".
La sentencia conocida el pasado jueves, declara que serán los Tribunales españoles quienes deberán determinar, en virtud de la legislación de nuestro país, si procede la concesión a estos empleados públicos de una indemnización equivalente a la abonada en caso de despido improcedente.
Desde CSIF quieren destacar que, en la actual crisis sanitaria, más de 100.000 empleados temporales de la sanidad trabajan codo con codo con el personal fijo para atender a los ciudadanos en la peor crisis sanitaria de nuestra historia reciente, al igual que vienen haciendo el resto de empleados temporales en el conjunto de las administraciones para garantizar unos servicios públicos efectivos.
La última Encuesta de Población Activa volvió a constatar que la temporalidad en el empleo público (905.300 empleos, el 27,8 por ciento del total) supera un punto y medio a la que se registra en el sector privado (26,3).
La administración no puede perder ni un minuto más en eliminar la tasa de reposición que impide la convocatoria de plazas estructurales ocupadas por personal temporal y el desarrollo de los procesos selectivos, teniendo en cuenta que solo se han puesto en marcha procesos de reducción de temporalidad para un 20 por ciento de las plazas contempladas y hay unas 300.000 personas interinas a la espera.
