Un ciudadano ha presentado un documento público ante la Dirección General de la Mujer de la Junta de Castilla y León y ante los ayuntamientos de Zamora y Lerma en el que reclama el cambio de denominación de dos vías públicas llamadas “Abrazamozas”, al considerar que el término resulta ofensivo y contrario a la dignidad e igualdad de las mujeres.
En concreto, la petición afecta a la Calle Abrazamozas de Zamora y a la Calleja Abrazamozas de Lerma (Burgos). El escrito solicita que se inicie el correspondiente expediente administrativo antes del 8 de marzo de 2026, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer.
El documento fundamenta la reclamación en los artículos 18 y 20.4 de la Constitución Española, que garantizan el derecho al honor y a la propia imagen, así como en la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. En particular, se cita la disposición adicional sexta, que considera ilícita la publicidad que atente contra la dignidad de la persona o presente a las mujeres de forma vejatoria o asociada a estereotipos que contribuyan a la desigualdad.
Según el texto, aunque el nombre pueda tener un origen histórico o tradicional, la sensibilidad social actual y el marco normativo en materia de igualdad obligan a revisar aquellas denominaciones que puedan interpretarse como cosificadoras o desiguales. El término “Abrazamozas” es descrito en el escrito como un calificativo que atribuiría al varón una conducta activa sobre la mujer sin tener en cuenta su voluntad, lo que, a juicio del denunciante, reproduce una visión desigual.
Además, se apunta que en dichas localidades no existirían calles con denominaciones equivalentes que atribuyan a las mujeres el mismo tipo de iniciativa respecto a los hombres, lo que reforzaría la idea de desequilibrio simbólico.
La solicitud también alude al contexto del debate público sobre los estereotipos de género, mencionando recientes declaraciones de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien ha advertido sobre los riesgos de la “romantización de los valores tradicionales” como una posible forma de violencia simbólica.
El escrito insta a las administraciones competentes a elaborar informes históricos, lingüísticos y jurídicos que determinen el origen exacto del topónimo y su adecuación al ordenamiento vigente. En caso de concluirse que la denominación resulta contraria a los principios constitucionales de igualdad y dignidad, se solicita su sustitución por otro nombre acorde con dichos valores.
Por el momento, ni los consistorios afectados ni la Junta de Castilla y León han hecho pública su posición respecto a esta petición.
