La portavoz de Vivienda, Mar Rominguera, ha registrado en las últimas horas una pregunta escrita al Gobierno, para saber “qué medidas piensa adoptar para recuperar las ayudas de subsidiación de préstamos hipotecarios a la vivienda protegida que suprimió en 2012. Igualmente, la diputada socialista quiere saber si el Ejecutivo “compensará la pérdida de poder adquisitivo de los afectados”. Además, Rominguera también defendió en la Comisión de Fomento del Congreso, una proposición no de ley en este sentido, que exige que sean restablecidas en las mismas condiciones que contemplaba el Plan Estatal de Vivienda 2009-2012; una iniciativa socialista que fue aprobada sin ningún voto en contra, pero que contó con la abstención del PP y de Podemos.
En este sentido, la diputada del PSOE ha recordado que “han pasado casi cinco años desde que el gobierno suprimió la subsidiación de préstamos hipotecarios a la vivienda protegida mediante la aprobación del artículo 35 del Real decreto 20/2012 de 13 julio, una medida que no sólo supuso eliminar las ayudas para nuevos adquirentes de este tipo de vivienda, ya que eliminó también las que ya estaban en tramitación, tanto las nuevas solicitudes pendientes de aprobación, como las solicitudes de prórroga”.
“El perjuicio que esto ha ocasionado a los beneficiarios de estas ayudas no se puede justificar en las ventajas que para la economía general podría conllevar no renovarlas –explicó la portavoz socialista-, dada la mínima incidencia que la supresión de estas prórrogas puede tener en la mejora de la economía”. Es decir, “frente a esa mínima incidencia, nos encontramos con familias que ven cómo se ha encarecido su préstamo (hasta 300 € más al mes en muchos casos) y sin embargo, no pueden dejar de pagarlo, aumentado así el riesgo de vulnerabilidad de muchas familias, especialmente, de aquellas cuya situación económica no les va a permitir fácilmente asumir ese incremento de los intereses”, añadió la responsable de Vivienda del Grupo Socialista.
La parlamentaria del PSOE ha calificado de “absoluta injusticia”, la que se está cometiendo con los propietarios de VPO. Razón por la que el GPS continúa trabajando en el Parlamento para apoyar a las familias afectadas. “No podemos seguir permitiendo ni un minuto más esta situación a la que se ha sometido a quienes decidieron solicitar un préstamo subsidiado para la compra de vivienda protegida porque dichas personas calcularon hasta donde podían endeudarse”, concluyó Rominguera.
