El obispo de Zamora, Fernando Valera, ha defendido la actuación de la Diócesis de Zamora ante el caso de presunto abuso sexual por el que un sacerdote ha sido apartado, y ha asegurado que el procedimiento puesto en marcha por la institución se ha desarrollado con una «celeridad muy grande», después de que la primera información sobre los posibles hechos llegara a la diócesis el 10 de septiembre de 2025.
Valera ha querido aclarar así la cronología del caso y diferenciar entre la fecha en la que presuntamente pudieron producirse los hechos y el momento en el que la diócesis tuvo conocimiento de ellos. Según ha explicado, el 10 de septiembre de 2025 no existía todavía una denuncia formal, sino que varias personas trasladaron a la institución que podía existir un posible problema de abuso.
A partir de ese momento, la diócesis contactó con las personas que podían haber sido víctimas para conocer su disposición a declarar y presentar denuncia. Algunas aceptaron hacerlo y otras decidieron no dar ese paso. El obispo ha subrayado que, cuando se trata de personas mayores de edad, la decisión de denunciar corresponde a cada una de ellas y debe ser respetada.
Con la información recibida, la Diócesis de Zamora abrió una investigación previa para determinar si existían indicios suficientes que justificaran continuar con el procedimiento. Posteriormente, se estableció contacto con la Fiscalía, que indicó los pasos que debían seguirse.
Una investigación remitida a Roma
Dentro del procedimiento eclesiástico, toda la investigación previa fue remitida al Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Valera ha destacado especialmente la rapidez con la que se produjo la respuesta de Roma y ha explicado que se desplazó personalmente hasta allí para tratar de agilizar el proceso.
Según ha señalado, en menos de un mes la diócesis recibió respuesta, algo que considera especialmente relevante teniendo en cuenta que se trata de un procedimiento dentro de la Iglesia universal y que este organismo gestiona numerosos casos.
«Fui a Roma para que este tema se hiciera rápido», ha explicado el obispo, quien ha asegurado que fue recibido por personas con una amplia experiencia en este tipo de procedimientos.
La segunda comunicación recibida de Doctrina de la Fe llegó, según ha precisado posteriormente Valera, el 27 de julio de 2026. La diócesis, ha asegurado, fue haciendo públicas las actuaciones conforme los protocolos permitían comunicar cada uno de los pasos.
Una vez avanzado el procedimiento, la diócesis mantuvo una comunicación directa con la Fiscalía, tanto con la Fiscalía de Menores como con la Fiscalía General, y presentó la denuncia siguiendo las indicaciones recibidas.
La medida cautelar oficial se firmó en abril
Uno de los principales asuntos abordados durante la comparecencia ha sido el momento en el que el sacerdote dejó oficialmente de ejercer sus funciones.
El gerente y ecónomo de la Diócesis de Zamora, José Manuel Chillón, ha reclamado precisión con las fechas y ha rechazado que la institución tuviera conocimiento de los hechos en 2023. A su juicio, atribuir a la diócesis ese conocimiento en dicho año supondría una afirmación con consecuencias penales que no se corresponde con la realidad.
Chillón ha situado de nuevo como fecha clave el 10 de septiembre de 2025, cuando, según ha explicado, comenzaron las investigaciones y la búsqueda de posibles víctimas, se produjo la comunicación con la Fiscalía y se iniciaron las actuaciones respecto al sacerdote.
Sin embargo, durante la comparecencia los periodistas han preguntado por qué la medida cautelar oficial se formalizó en abril de 2026, varios meses después de que la diócesis hubiera recibido la primera información.
Ante esta cuestión, Fernando Valera ha explicado que el decreto formal se firmó en abril, cuando la Guardia Civil ya disponía de la denuncia y existía un procedimiento judicial, pero ha matizado que el sacerdote ya estaba sujeto a medidas cautelares verbales desde el primer momento.
El obispo ha explicado que esas medidas suponían restricciones respecto a determinadas actividades y relaciones, aunque la medida cautelar oficial no pudiera formalizarse hasta que el procedimiento judicial hubiera avanzado. Según Valera, la diócesis fue actuando en cada momento en función de las circunstancias y de las indicaciones de la Justicia.
Atención a las posibles víctimas
El obispo ha defendido que una de las prioridades desde el inicio fue atender a las posibles víctimas, tanto desde el punto de vista psicológico como judicial y personal.
Valera ha señalado que la diócesis ofreció apoyo psicológico, acompañamiento judicial y acompañamiento personal a quienes trasladaron sus posibles experiencias, y ha considerado que la secuencia seguida por la institución ha sido «ejemplar».
Para poner en contexto la duración de estos procedimientos, ha recordado un caso que gestionó cuando era sacerdote en Murcia: comenzó en septiembre de 2020 y la sentencia se produjo en agosto de 2026. Con este ejemplo ha querido destacar que los procesos relacionados con posibles abusos no siempre son rápidos ni sencillos.
La diócesis reivindica sus protocolos de prevención
Durante la comparecencia, el delegado de Medios de la Diócesis de Zamora, Juan Carlos López, ha defendido que, pese al dolor que provoca el caso, los mecanismos y protocolos de prevención puestos en marcha por la institución han funcionado.
López ha destacado el trabajo desarrollado desde la llegada de Valera para formar a los distintos agentes pastorales, especialmente a quienes trabajan con menores y en ámbitos educativos formales y no formales.
En esta línea, el propio obispo ha señalado que en octubre de 2025, apenas un mes después de que la diócesis recibiera la primera información sobre el posible caso, el responsable de la Conferencia Episcopal Jesús Rodríguez Torrente acudió a Zamora para impartir formación a los sacerdotes sobre prevención de abusos.
Valera ha explicado que este trabajo se desarrolla también con monitores de campamentos, catequistas, educadores y profesionales vinculados a la enseñanza, dentro de una labor preventiva que, según ha defendido, se mantiene de manera constante.
Preguntado por si los mecanismos internos de control pueden mejorarse, el obispo ha defendido la necesidad de realizar una investigación previa antes de adoptar determinadas decisiones, ya que, según ha señalado, también existen casos de denuncias falsas y es necesario comprobar inicialmente si existen razones suficientes para continuar con el procedimiento.
Presunción de inocencia y espera de la sentencia
Tanto Valera como López han insistido en que no existe todavía una sentencia judicial, por lo que debe mantenerse la presunción de inocencia y el respeto a todas las partes.
López ha señalado que la diócesis no pretende perjudicar ni a las posibles víctimas ni al acusado y que ahora corresponde esperar a que concluya el procedimiento judicial. Una vez exista una resolución, la Iglesia podrá determinar las consecuencias en el ámbito canónico.
El delegado de Medios ha explicado que la intención es que las posibles medidas canónicas definitivas se adecuen al resultado de la Justicia ordinaria, respetando el procedimiento civil.
«Para nosotros es una situación dolorosa, difícil», ha reconocido López, quien ha defendido que la institución está actuando con el compromiso de esclarecer los hechos y comunicarlos.
La Diócesis justifica que hiciera público el caso
López también ha explicado que la diócesis no tenía inicialmente «ninguna intención o necesidad» de hacer pública la situación, pero que finalmente decidió informar por responsabilidad y compromiso con la sociedad zamorana y con la propia Iglesia.
La institución, ha señalado, se siente «dolida» ante la posibilidad de que los hechos se confirmen, pero considera que debe continuar trabajando en la prevención y en la protección de las personas que puedan encontrarse en una situación de riesgo.
En este contexto, ha reivindicado el papel del Proyecto KUMI, integrado por profesionales especializados y destinado a trabajar en la prevención y actuación ante posibles conductas de este tipo con los distintos agentes y colectivos de la diócesis.
De esta forma, la Diócesis de Zamora mantiene que tuvo conocimiento de los posibles hechos el 10 de septiembre de 2025, activó entonces sus mecanismos de investigación y prevención, contactó con las posibles víctimas, recurrió a la Fiscalía y al Dicasterio para la Doctrina de la Fe y aplicó restricciones al sacerdote desde el inicio, mientras que el decreto formal de medidas cautelares se firmó en abril de 2026, cuando el procedimiento judicial ya se encontraba en marcha.
La institución mantiene ahora su posición de esperar a la resolución judicial antes de adoptar las medidas canónicas definitivas, al tiempo que reivindica la actuación de sus protocolos y su compromiso con la prevención y el esclarecimiento de los hechos.
