Los incendios forestales cada vez se desestacionalizan más, a pesar de que el grueso de ellos, sobre todo los más graves, se producen históricamente en los meses estivales. De hecho, el fuego ya amenazado en estos primeros meses de 2023 sobre lo que puede ser el próximo verano: 1.168 hectáreas arrasadas por las llamas en el inicio de año a causa de 267 fuegos, una cifra que, sin embargo, supone un 35 por ciento menos que la media del decenio 2013-2022; y muy por debajo del catastrófico pasado ejercicio, cuando en esta época ya habían ardido casi 3.500 hectáreas. La parte menos negativa, en esta ocasión, es que solo el 12 por ciento del suelo quemado tiene origen arbolado, con 143 hectáreas, un 20 por ciento menos que la media y por debajo de la mitad del pasado año.
Burgos y León son las más afectadas en este primer trimestre, con algunos de ellos que incluso alcanzaron nivel 1 de Infocal, como en La Baña o Marrubio: seis de cada diez hectáreas calcinadas en la Comunidad llevaron el sello de ambas provincias. También, en este periodo se apagaron con más rapidez los incendios, un dato que constata el número de conatos, es decir, los fuegos menores a una hectárea, que entre enero y marzo fueron 214, el 80 por ciento del total, con no más de 27 hectáreas ardidas en esta tipología de fuegos, de las que solo cinco fueron de arbolado. “Cuánto más alto sea el porcentaje de conatos, más agilidad existe para la extinción de cada fuego”, expuso el director general del Medio Natural, José Ángel Arranz.
De hecho, el índice de eficacia (superficie arbolada quemada sobre el número total de incendios), según el análisis estadístico al que tuvo acceso Ical, fue de 0,53, un seis por ciento por encima del promedio de los diez años, lo que pone de manifiesto esa mayor agilidad del personal del operativo para la extinción de incendios. Y el índice de gravedad (superficie arbolada quemada sobre la que superficie del Inventario Forestal Nacional), fue de 0,0043, un 20 por ciento menos que en la media 20132022, también un dato positivo.
Extinciones más rápidas
En declaraciones a Ical, Arranz destacó que los incendios en esta época del año, habitualmente, “son menos graves”, sobre todo por quemas autorizadas o ilegales “que se escapan de las manos” cuando se hacen limpiezas o búsquedas de pastos. “Los grandes incendios, de más de 500 hectáreas, son más de verano, en época de peligro alto; ahora se observan más fuegos pequeños. En el arranque de año, con un incendio grande podemos registrar la misma superficie quemada que con 500 pequeños”, comparó.
Además, la velocidad de extinción es “más rápida”, prosiguió el director general, por las condiciones climáticas, que en los tres primeros meses aún no han registrado altas temperaturas y la vegetación aún cuenta con humedad que ralentiza la generación del fuego. “Pero ya estamos viendo en otras comunidades autónomas que la sequía está haciendo mucho daño. Como no llueva se prevé un año muy complicado”, previó Arranz. En este punto, alertó de que la sequía puede provocar una “parada vegetativa” en la masa arbolada de ciertas zonas de la Comunidad, lo que convierte a los árboles, aunque estén vivos, “en casi leña, porque se detiene la actividad de la savia, y eso facilita la acción de las llamas”.
Este escenario de arranque de año vaticina unos próximos meses poco optimistas. De hecho, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio se ha visto obligada a declarar peligro medio de incendios forestales prácticamente todo el mes de abril por las condiciones de sequía y la climatología advertida por Aemet. El consejero del ramo, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ya anunció que en esta temporada Castilla y León anticipará a junio el inicio de la época de peligro alto de incendios, que será de cuatro meses, cuando habitualmente empezaba el 1 de julio.
El 80%, monte bajo
De los 267 incendios registrados en este periodo, una quinta parte, 58, se produjeron en Palencia, provincia en la que, sin embargo, solo se quemaron 35 hectáreas en total, dado que 53 de ellos fueron conatos. En León se originaron 47 fuegos forestales, con 343 hectáreas, 73 de ellas de masa arbolada; y en Burgos, 33 incendios, con casi 365 hectáreas, en este casi, la práctica totalidad (357), matorral y monte bajo y ni siquiera llegó a una hectárea de arbolado calcinado.
A continuación se situó Ávila, con algo más de 200 hectáreas en una treintena de incendios, de las que 56 fueron de superficie arbolada; le siguió Salamanca, con alrededor de 140 hectáreas (25 fuegos), si bien la mayor parte correspondió a matorral (134 hectáreas), en el que se incardina el incendio registrado en Candelario hace unas semanas.
Respecto al resto de provincias, por fortuna, las cifras son significativamente menores. Es el caso de Zamora, que en estos tres meses vio arder medio centenar de hectáreas en 32 fuegos; Soria, con 13 hectáreas en total (15 fuegos); Segovia, con menos de una decena de hectáreas (17 incendios) y menos de tres hectáreas en Valladolid (10 fuegos) En siete de ellas la superficie arbolada fruto de las llamas fue casi inapreciable: todas menos Ávila y León.
El director general de Medio Natural achacó a una mayor presión ganadera el hecho de que los incendios en esta época se observen principalmente en León y norte de Burgos, como ocurre en Asturias y Cantabria, que “tienen el mismo problema”. “Se realizan quemas, autorizadas o no, y en muchos casos derivan en fuegos que se escapan de su control”, sospechó.
Plan de Incendios
El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ya ha publicado esta semana el Decreto-Ley autonómico de medidas urgentes sobre prevención y extinción de incendios forestales, que pretende agilizar todas las medidas que requieren una urgencia en su puesta en marcha, especialmente los procesos de cobertura de personal y medios del operativo, tal y como acordó el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León el pasado jueves.
Incorpora la aprobación del Plan anual de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales de 2023, que se incluye en un anexo, modifica las leyes de Montes de Castilla y León y de Función Pública para agilizar la incorporación de personal interino al Operativo en caso de necesidad y establece normas y criterios para garantizar un funcionamiento administrativo más ágil de este servicio de emergencias.
Y es que, tal y como recordó el consejero, el incendio de La Paramera de hace dos años supuso “una acción política de mejora del operativo” para pasar de los 49,8 millones de euros que se invertían desde la Junta entonces a los 143 millones con los que se pretende dotar al operativo este año, tras el acuerdo de la Mesa del Diálogo Social alcanzado con los sindicatos para el periodo 2023-2025.
