Isabel Blanco ha presidido la mesa de Renta Garantizada de Ciudadanía, constituida en el Marco del Diálogo Social y en la que han participado los representantes de CCOO, UGT y CECALE en un encuentro en el que la consejera de Familia e Igualdad de oportunidades ha trasladado los datos facilitados por el Ministerio respecto a los perceptores de Renta que han cobrado el Ingreso Mínimo Vital. En un primer momento, esta prestación se concedía de oficio a los beneficiarios de la prestación con Hijo a Cargo, lo que supone un total de 4.300 familias perceptoras de la RGC en Castilla y León, de las que tan solo 1.470 han recibido el IMV del Gobierno Central y de ellas 452 han obtenido una nómina inferior a la que percibían en la Renta.
Estas familias están recibiendo en este momento de media un importe de 332 euros del Ejecutivo, mientras que con la Renta de la Junta cobraban 565 euros. En la mesa que hoy se ha celebrado se ha puesto de manifiesto que la Junta de Castilla y León seguirá abonando la RGC hasta que los perceptores reciban el IMV aprobado por el Gobierno Central. Para ello se está trabajando en un mecanismo normativo que permita llevar a cabo esa medida, ya que la Renta es subsidiaria de la ayuda del Estado y por lo tanto debe reconocerse una vez resuelta la concesión del Ingreso Mínimo Vital. Además, Isabel Blanco ha recordado que, de los 4.300 perceptores de RGC con hijos, sólo han percibido el IMV 1.470, lo que supone una cobertura del 34 por ciento. Ello obliga a seguir avanzando en cuantas medidas sean precisas para adaptarlas a las necesidades reales de las familias más vulnerables de nuestra Comunidad. Se pretende de esta forma que esas 452 familias mantengan al menos la misma cuantía económica que venían recibiendo por parte de la Junta de Castilla y León para que puedan hacer frente a sus necesidades básicas.
Por otra parte las 1.018 familias de Castilla y León que han percibido el Ingreso Mínimo Vital, por cuantía igual o superior a la Renta, empezarán a recibir exclusivamente dicho ingreso del Estado, ya que la prestación de Castilla y León es subsidiaria y constituye por lo tanto la última red de protección respecto a cualquier prestación. El resto de perceptores que venían recibiendo la Renta Garantizada de Ciudadanía de Castilla y León seguirán ingresándola hasta que el Estado resuelva el Ingreso Mínimo Vital.
La Renta Garantizada de Ciudadanía es un derecho subjetivo implantado hace diez años en Castilla y León y garantizado por Ley, de la que se han beneficiado de media 15.000 familias cada año y para la que la Junta destina alrededor de 60 millones de euros/anuales. El pasado mes de junio la Renta llegó a 10.044 familias en nuestra Comunidad y desde el pasado 15 de junio, fecha en la que se abrió el plazo para solicitar el IMV, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha puesto en marcha una serie de actuaciones para tener informados a los perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía a través del envío de una carta informativa, potenciando la coordinación con el servicio 012, las corporaciones locales y las entidades del tercer sector para orientar y prestar apoyo a los perceptores de la Renta y habilitando cauces específicos de información en las gerencias territoriales de servicios sociales de cada una de las provincias de Castilla y León.
Finalmente, en el encuentro mantenido hoy la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha destacado lo necesario que es vincular el Ingreso Mínimo Vital a la inserción laboral de los perceptores, como ocurre con la renta Garantizada de Ciudadanía que alcanza una cuota en ese sentido del 25 por ciento, ya que el objetivo final es que estas familias superen su complicada situación a través de un empleo digno.
Asimismo, se han emplazado a una nueva reunión en la primera semana de septiembre para conocer los datos y la evolución de la RGC y el IMV, de manera que se siga avanzando hacia nuevos acuerdos en esta materia.
