El Gobierno ha fijado un plazo adicional de nueve meses para que las comunidades autónomas puedan tramitar las autorizaciones administrativas previas de los proyectos de energías renovables que iban a caducar a partir de este viernes, 24 de diciembre.
A través de un real decreto-ley que aprobó ayer el Consejo de Ministros, el Gobierno amplía hasta finales de agosto el plazo que dichos proyectos tienen para cumplir con los hitos intermedios, que tienen que ver con la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental y la autorización de construcción.
De este modo, la cartera dirigida por Teresa Ribera escucha la reivindicación de las comunidades autónomas, que no contaban con los recursos suficientes para hacer frente a la gran demanda suscitada.
De hecho, en la actualidad hay otorgados permisos de acceso y conexión a la red por 150 gigavatios (GW), una capacidad que supera con creces los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), que pretende tener operativos 35 GW adicionales en 2025 y 60 GW en 2030.
“Este exceso de solicitudes, muchas de ellas inviables económica o ambientalmente, puede impedir la materialización de proyectos viables, debido a la incapacidad de las administraciones para evaluar y tramitar un contingente tan elevado de proyectos, así como a la necesidad de responder adecuadamente a las exigencias económicas y ambientales asociadas al despliegue de renovables y las asociadas a la cohesión social y territorial en lo que afecta a las líneas de evacuación y conexión a red”, señalaron desde el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Por este motivo, las comunidades autónomas solicitaron “unánimemente” durante la última Conferencia Sectorial de Energía la flexibilización de los plazos asociados a los hitos intermedios de la tramitación de los proyectos, ante la imposibilidad de terminar en tiempo y forma todas las solicitudes.
Ahora, este real decreto amplía el plazo para que los proyectos de renovables puedan cumplir los hitos intermedios, pero deja intacto el plazo de cinco años para el hito final de obtención de la Autorización Administrativa de Explotación definitiva, con la consiguiente entrada en operación de la instalación.
Para aliviar el trabajo de las comunidades, el Gobierno también permitirá a todos aquellos promotores renunciar a los correspondientes permisos de acceso y conexión, y reembolsarse las garantías presentadas. Esta medida está destinada a los proyectos “con más dificultades” o “inviables”.
