El Consejo de Ministros aprobó este martes, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, la prórroga del actual Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 950 euros por 14 pagas para 2021, cuantía que “se mantendrá el periodo necesario para permitir la continuidad de los trabajos de la Mesa de Diálogo Social que aborda esta materia en la búsqueda de un incremento pactado”.
Según informó el Ministerio de Trabajo en una nota de prensa, “la prórroga tiene un carácter temporal”, mantiene la cuantía actual “hasta tanto se apruebe el real decreto que lo fije para el año 2021, acordado en el marco del diálogo social y de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores”.
El Ministerio que dirige Yolanda Díaz explicó que en la legislación no está prevista una prórroga automática cuando no se aprueba una nueva cuantía del SMI, lo que justifica la prórroga aprobada hoy. Con ello, “se garantiza la seguridad jurídica y se da continuidad a la función del SMI como garantía salarial mínima para las personas trabajadoras, que continuarán protegidas”.
“También se garantiza la participación de los agentes sociales para fijar el SMI en un contexto social y económico de especial dificultad y de caminar en la senda de crecimiento de su cuantía en cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco del programa de Gobierno, y en el ámbito europeo e internacional”, según la nota de prensa.
La evolución del salario mínimo para el próximo año en medio de la crisis del coronavirus ha mostrado una división en el Ejecutivo. Desde principios de diciembre, según trasladaron a Servimedia, la decisión del Ejecutivo era no subir el SMI pero, desde la parte de Podemos, encabezados por el Ministerio de Trabajo, se apostó por presionar para que se pudiera incrementar. La ministra Yolanda Díaz llegó incluso a dar por hecho la subida, declaraciones que fue matizando hasta reclamar un incremento como el del 0,9% que experimentarán las pensiones y el sueldo de los funcionarios.
Si bien, desde la parte socialista del Gobierno, miembros como las vicepresidentas primera y tercera, Carmen Calvo y Nadia Calviño, así como la portavoz y titular de Hacienda, María Jesús Montero, abogaban por la prudencia y por posponer el aumento hasta que haya una mejoría de la coyuntura económica ya que esta cuantía repercute en los empresarios. De hecho, el SMI de 2020 se aprobó en los primeros días de enero y se aplicó con carácter retroactivo.
Entre los agentes sociales no ha habido acuerdo por el momento. UGT defiende un incremento del entorno del cinco por ciento, que lleve el salario mínimo hasta los 1.000 euros mensuales, y CCOO propone tener como referencia tanto el salario medio pactado en convenio, que en noviembre alcanzó una subida del 1,89 por ciento, como el incremento de las pensiones mínimas, que será del 1,8 por ciento el próximo año.
Desde CEOE y Cepyme creen que “no es el momento” de aplicar un nuevo incremento y advierten de que un nuevo repunte afectará negativamente al empleo.
