El delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, reclamó la concienciación, responsabilidad y complicidad de la ciudadanía para prevenir y denunciar los incendios forestales intencionados, que según el último informe ministerial correspondiente a la década 2006-2015, fueron un 52,7% del total registrado.
Izquierdo hizo este llamamiento durante la presentación de la campaña de extinción de incendios forestales del verano 2020 que tuvo lugar en la Base Aérea de Matacán, en Salamanca, donde se encuentran algunos de los medios estatales en la lucha contra el fuego que está en marcha desde el día 15 de junio.
En concreto, según ese informe del MITERD, el porcentaje de siniestros intencionados a nivel nacional fue del 52,70% frente al 28,07% que se debió a negligencias y accidentes, y tan sólo un 4,92% declarados a consecuencia de causas naturales (rayos).
En esa década, Galicia y Castilla y León, con 38.317 y 18.343 incendios, respectivamente, fueron las comunidades autónomas con mayor número de siniestros registrados (un 29,22% del total nacional la comunidad gallega y un 13,99% la castellano y leonesa).
Estas dos regiones también se alzan con el lamentable record del mayor número de Grandes Incendios Forestales (GIF), y así, de los 18.343 en las nueve provincias, 50 fueron declarados GIF, tras los 69 de Galicia.
Las superficies afectadas por estos más de 18.000 incendios sufridos por Castilla y León durante esa década alcanzaron las 41.965,63 hectáreas arboladas y 131.373,52 hectáreas de superficie no arbolada, es decir, en total, ni más ni menos que 173.339,15 hectáreas de superficie forestal quemada.
Los medios en Castilla y León
Aunque los medios del Ministerio se encuentran desplegados por todo el territorio nacional con plena disponibilidad para moverse por los territorios que les requieran, el delegado del Gobierno recordó que nuestra Comunidad cuenta con 2 aviones anfibios de gran capacidad en Matacán (Salamanca), otros 2 de capacidad media en Rosinos (Zamora), 5 helicópteros de transporte de brigadas (BRIF) en Tabuyo (León), Puerto El Pico (Ávila) y Lubia (Soria), un avión de coordinación y observación en León, una unidad móvil de análisis y planificación en Rabanal del Camino (León) y una aeronave pilotada por control remoto también en Rabanal del Camino.
A ello habría que sumar los medios humanos, las BRIF (Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales), equipos especializados cuya misión principal es servir de refuerzo a los dispositivos de extinción de incendios autonómicos en caso de siniestros de gran envergadura y complejidad.
En Castilla y León radican dos brigadas BRIF-A, en Tabuyo (León) y Lubia (Soria), constituidas cada una por un jefe de brigada al mando de dos cuadrillas de 7 especialistas y un capataz, que son aerotransportadas en dos helicópteros.
Otra brigada BRIF-B, integrada por un jefe de brigada, un capataz y 7 especialistas, transportados en un solo helicóptero, tiene su base en Ávila.
A ello, para afrontar los posibles siniestros en la Comunidad Autónoma, es necesario añadir los medios con los que cuenta la Junta de Castilla y León, así como el refuerzo de la UME, radicada en la Base Conde de Gazola de León.
El refuerzo de la UME
La Unidad Militar de Emergencias, con casi medio millar de efectivos, es un importante refuerzo estatal a la lucha contra los incendios que se activa únicamente cuando se considera que el siniestro, por su especial virulencia, no puede atajarse con los medios ordinarios.
En la década 2006-2015, la labor de la UME se ha consolidado, incrementándose notable y progresivamente el número de sus intervenciones, en apoyo de los medios de extinción de incendios habituales
Así, la Unidad ha intervenido desde 2007 en 251 ocasiones, multiplicando por diez los cuatro incendios en los que fue desplegada en 2007, hasta los 40 de 2015, si bien, durante dos años, el trabajo que tuvo que afrontar fue incluso mayor (participó en la extinción de 46 siniestros en 2011 y de 59 en 2012).
El delegado del Gobierno redobló su mensaje de compromiso en la tarea de prevenir el fuego que destruye no sólo nuestro patrimonio natural, sino también otros muchos bienes materiales y pone en riesgo a la población, y brindó, como no puede ser de otra manera, la absoluta disponibilidad de los medios de la Administración del Estado, en una tarea que “ha de ser conjunta y coordinada, con la Autonómica, como lo ha sido siempre”, señaló.
