La Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil, JUCIL, advirtió de la falta de 911 guardias civiles en la plantilla en Castilla y León, que ahonda los problemas de seguridad de las áreas rurales. El número de vacantes permitiría contar con 7.676 efectivos en la Comunidad. Burgos es la provincia más perjudicada, donde se necesitarían 204 guardias civiles, seguida de León, con 123, y Soria, con 121. Las vacantes ascienden a 96 en Segovia; 86 en Valladolid, 80 en Salamanca; 72 en Zamora; 71 en Ávila; y 58 en Palencia.
Jucil, que se incorporó como mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil constituido en noviembre pasado, calificó 2021 como un periodo “plagado de insatisfacciones” que confía en reconducir con la entrada de la asociación en el Consejo. “Unos y otros han sido cómplices de la inacción por no aportar soluciones en diversas materias. Ha sido un año perdido para los 80.000 compañeros de la Guardia Civil en España”, explicó el secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño.
“Tampoco se ha logrado ningún avance en nuestro principal objetivo, la equiparación salarial con otros cuerpos policiales autonómicos”, resaltó. “Pero estamos aquí para recordar que hay brechas salariales que coser y derechos que reclamar en una entidad muy bien valorada por la sociedad, pero abandonada, discriminada desde hace décadas por los gobernantes”, continuó.
Para Jucil es “imprescindible” que la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, refuerce las plantillas, adaptándolas a las singularidades de la España Vaciada. “Por ejemplo, ¿cómo se actúa en el medio rural ante un caso de violencia de género?, se preguntó el secretario general de Jucil, al igual que cuestionó qué acciones de prevención y de respuesta se pueden poner en marcha ante la falta de efectivos.
La Guardia Civil es responsable de la seguridad de miles de municipios en un entorno caracterizado por el envejecimiento y por la despoblación, prosiguió Vilariño, quien recordó que la España Vaciada es un territorio exportador de guardias civiles.
Ernesto Vilariño avanzó que propondrán un estudio que contemple la reestructuración del despliegue territorial de la benemérita a través de un modelo “más eficiente, pensado en la idoneidad de contar con puestos en cada cabecera de comarca, con servicio las 24 horas al día y con más efectivos”. “Nos preocupa que los guardias civiles que prestan servicios en el medio rural acaban considerando estos destinos un lugar de paso, hasta que obtienen plaza en capitales de provincia. Hay que incentivar no solo con una cuantía económica, sino también con el reconocimiento de su esfuerzo, con una mayor puntuación o mediante condecoraciones por el servicio prestado y así retener más tiempo a los compañeros en la España Vaciada”, propuso.
