El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, remitió una carta al presidente del Gobierno el 26 de agosto de 2019 mostrando su preocupación por no haberse hecho efectivos en la liquidación definitiva de 2017 los recursos compensatorios del IVA.
La Junta de Castilla y León aprobó en el Consejo de Gobierno de 20 de febrero de 2020 un requerimiento al Gobierno de España para cobrar la deuda del IVA, previo a la reclamación judicial que es remitida al Gobierno de España
Posteriormente, en julio de 2020, el consejero de Economía y Hacienda remite una carta a la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia con el requerimiento previo al recurso contencioso-administrativo por el que se solicita al Consejo de Ministros el pago de las cantidades debidas a la Comunidad Autónoma de Castilla y León por las repercusiones en la liquidación del Sistema de Financiación del ejercicio 2017 correspondientes al IVA.
En septiembre de 2020 La Junta acude a la vía judicial para reclamar los 182 millones de deuda del IVA.
El Tribunal Supremo da la razón a la Junta, en la sentencia de 19 de abril de 2021, respecto a la reclamación del pago de las cantidades debidas por las repercusiones en la liquidación del Sistema de Financiación del ejercicio 2017 correspondientes al IVA. Además el Tribunal Supremo destaca en la sentencia que la Junta de Castilla y León ha intentado llegar, en todo momento, a una solución consensuada previa a la vía judicial y ha realizado en los últimos dos años numerosos intentos, en el marco de la lealtad institucional, para la reclamación del pago de las cantidades correspondientes al IVA que se adeudan a la Comunidad.
El Tribunal establece que la cantidad a pagar será por la diferencia entre el resultado de la liquidación practicada en su día por la Administración del Estado y la que habría resultado de computar en dicha liquidación la recaudación del IVA de doce mensualidades
En abril de 2021, el consejero de Economía y Hacienda remite a la ministra de Hacienda una carta en la que le pide agilizar el ingreso a Castilla y León de los 182 millones de euros correspondientes al IVA pendiente del año 2017 y le comunica la voluntad de diálogo en la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo, la primera dictada en España sobre este asunto.
Asimismo, el pasado mes de julio, el consejero de Economía y Hacienda reitera a la ministra de Hacienda en una nueva carta la necesidad de agilizar el pago a Castilla y León de los 182 millones de euros correspondientes al IVA de 2017 pendiente de ingreso. Fernández Carriedo ofrece de nuevo la colaboración de la Junta y la voluntad de diálogo en la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo.
El 11 de octubre de 2021 El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica a sentencia del Tribunal Supremo sobre el pago de las cantidades debidas a la Comunidad Autónoma por las repercusiones en la liquidación del sistema de financiación correspondientes al IVA del año 2017, así como de los intereses legales correspondientes a las cantidades reclamadas.
La Junta consigna la cuantía de 182 millones de euros en concepto de IVA más 10 millones de intereses en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2022. Total 192 millones de euros.
Finalmente, en este mes de Enero de 2022, el Gobierno de España indica a la Junta que, a efectos de cumplir la sentencia, ha calculado un total de 194,86 millones de euros, de los cuales 183,06 millones corresponden al IVA pendiente y 11,8 millones de euros se refieren a los intereses devengados, calculados desde el 7 de febrero de 2020 hasta el 31 de marzo de 2022.
195 millones de euros
La Junta de Castilla y León ha aprobado en Consejo de Gobierno la aceptación de la cantidad propuesta como pago para el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo respecto al IVA favorable a Castilla y León.
Asimismo, el acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno establece que su eficacia queda condicionada a que la futura Orden de pago del Ministerio de Hacienda y Función Pública, no establezca ningún tipo de condicionante que pudiera afectar a la disponibilidad, aplicación, destino o justificación del importe total a percibir.
A partir de ahora, corresponde al Gobierno de España que el pago correspondiente se haga con la mayor agilidad posible, aspecto sobre el cual la Junta seguirá vigilante.
