En la mañana de este viernes, el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, ha mantenido un encuentro con la Comisión de Gobierno de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León para tratar el contenido y destino del Segundo Fondo Extraordinario COVID-19 a las entidades locales.
En la reunión se ha hecho hincapié en la trascendencia de este segundo fondo, dotado con 80 millones de euros, y que cumplimenta una de las medidas alcanzadas en el Pacto para la recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social, firmado por la Junta de Castilla y León y las fuerzas políticas el pasado 17 de junio de 2020.
En el citado pacto, se establecían cinco ejes de acción: sanidad de calidad y equidad, economía y empleo, protección social, servicios públicos y financiación de la Comunidad tanto a nivel nacional como en la Unión Europea, con el objetivo de garantizar la estabilidad política, económica y social para impulsar el futuro de Castilla y León tras la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.
En el último de los grandes ejes, el de Castilla y León en la financiación en la España Autonómica y en la Unión Europea, en su punto 75, se acordó constituir un segundo Fondo Extraordinario COVID-19 por importe de 80 millones de euros. La mitad de este Fondo se transferirá a las Corporaciones Locales de Castilla y León para actividades relacionadas con el empleo y la inversión y sus características, destino y distribución se determinarán buscando el consenso con los órganos de representación de las entidades locales y del Diálogo Social. La otra mitad del Fondo se gestionará al 50 % directamente por la Junta de Castilla y León y el 50 % restante se transferirá a las entidades locales para la atención de colectivos y personas más afectadas por la crisis.
La Junta hizo llegar esta propuesta el pasado miércoles 22 de julio a la FRMP para su análisis y debate en la jornada de hoy. La Federación ha solicitado más tiempo para considerar la idoneidad de esta propuesta, que permitiría llevar a cabo estas inversiones extraordinarias, y prestar especial atención a los pequeños municipios y el mundo rural, llevando su aplicación a los 2.248 ayuntamientos de Castilla y León y las 9 diputaciones provinciales, que de manera voluntaria quieran adherirse, incluyendo mecanismos de cofinanciación, en el marco de la Agenda 2030.
La propuesta presentada por parte de la Junta, utilizaría criterios de reparto y distribución, que están consensuados y forman parte de la Ley de Medidas Tributarias y de Financiación de las Entidades Locales en los ingresos impositivos de Castilla y León, acordados en 2014, y que valoran distintos criterios como población, superficie, número de municipios o número de entidades locales menores, entre otros. De manera complementaria se incluiría un factor de convergencia y cohesión territorial que se aplicaría de manera objetiva y proporcional, derivado de la crisis del COVID-19.
La parte destinada a Inversiones, está encomendada a la Consejería de Presidencia, a través de la Dirección de Administración Local, quién está trabajando para poner en marcha los mecanismos necesarios y que sean efectivos en el mes de septiembre una vez se alcance un acuerdo con la FRMP.
