El jueves 12 de enero en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León conocíamos las nuevas medidas de carácter provida que pretende implementar Vox. Al día siguiente, la Consejería de Sanidad ha desmentido el cambio en el protocolo de atención a las embarazadas en Castilla y León.
Desde la organización juvenil entendemos estas medidas como intimidatorias y amenazadoras dando a entender que, aunque no se prohíba abortar, van a hacer todo lo posible para que sea un proceso que no olvides.
Medidas como la recuperación del latido fetal entre la semana 6 y 9 de gestación, la ecografía 4D, que siempre se realiza en el tercer trimestre, y la atención psicológica preferente a mujeres que decidan interrumpir su gestación es un atentado contra la integridad y la autonomía de las pacientes. Además, atenta contra la propia Ley de salud sexual y reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, aún en trámite parlamentario, pero cuyo debate ya se ha superado por la sociedad.
El derecho al aborto en Castilla y León es una carrera de obstáculos de por sí, ya que solo hay dos hospitales públicos y tres clínicas en toda la Comunidad que realicen este tipo de intervenciones. Las mujeres que decidan o necesiten interrumpir su embarazo deberán desplazarse por la Comunidad para poder llevarlo a cabo.
“Mientras Vox se dedica a instaurar la política del miedo y la coacción en nuestra tierra, el SaCyL se encuentra saturado por su política nefasta en materia sanitaria” afirma María Aranda dando voz también a todas las secretarias de Igualdad provinciales. Ni si quiera han podido establecer una cuantía presupuestaria a esta nueva política porque no “saben cuánto se va a usar”.
Según Fran Díaz, secretario general, “si lo que quieren es esconderlo como una medida para impulsar la natalidad, sería recomendable que impulsaran más medidas económicas al efecto, ya que aún están a tiempo de enmendar sus propios presupuestos gracias al bochorno que nos hicieron pasar en diciembre”.
