El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones solo ha aprobado, hasta mediados de marzo, una de cuatro peticiones de Ingreso Mínimo Vital (IMV) en Castilla y León después de haber admitido un total de 10.932 de las 42.981 solicitudes válidas presentadas por ciudadanos en riesgo de pobreza extrema, sobre todo en hogares con presencia de menores. Por lo tanto, y hasta esa fecha que es la última facilitada por el Gobierno central, el IMV llega a 10.412 hogares de la Comunidad en los que viven 27.194 personas, de las que el 41 por ciento son menores. La media de la nómina de esta prestación no contributiva de la Seguridad Social asciende a 459 euros.
En el caso de Zamora, el Ministerio de Inclusión sólo ha aprobado una de cada tres peticiones después de haber admitido un total de 1.021 de las 3.056 solicitudes válidas presentadas.
Los datos consultados por la Agencia Ical en el Ministerio de Inclusión señalan que los técnicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) habían resuelto en los nueve primeros meses un total de 33.156 expedientes de la Comunidad en los nueve meses de aplicación de esta nueva prestación. De ese número, 10.932 (el 32,9 por ciento) fueron expedientes aprobados mientras que 22.224 (67 por ciento) se denegaron. Otros 4.590 estarían en proceso de subsanación, es decir, que se ha reclamado al solicitante o a alguna administración información para completar el expediente. En este listado, no están contabilizados los expedientes denegados por que los expedientes estaban duplicados, que ascendieron a 4.159.
Fuentes del Ministerio apuntaron que la mayor parte de las solicitudes se rechaza por no cumplir el criterio de vulnerabilidad (al superar los umbrales de renta y patrimonio). Eso sí, había un pequeño porcentaje (diez por ciento) que se debía a la falta de acreditación de la unidad de convivencia, aunque en enero pasado se llevó a cabo una modificación de la normativa para que los trabajadores sociales y entidades colaboradoras del Ingreso Mínimo Vital pudieran realizar la justificación y así facilitar el reconocimiento de situaciones de convivencia no convencionales.
Los más de 22.000 expedientes denegados se reparten entre los 4.507 de la provincia de Valladolid (66,3 por ciento de los resueltos fue rechazado por no cumplir los requisitos); los 4.332 de León (62,7 por ciento del total de las solicitudes dictaminadas); los 3.789 de Salamanca (67,9 por ciento); los 2.938 de Burgos (75,7 por ciento); los 1.524 de Ávila (65,7 por ciento); los 1.511 de Zamora (59,6 por ciento); los 1.456 de Segovia (70,6 por ciento); los 1.420 de Palencia (65,1 por ciento) y los 747 denegados en la provincia de Soria (82,2 por ciento de los expedientes resueltos).
Provincias
En cuanto a las prestaciones, León, con 2.501 (6.247 beneficiarios), y Valladolid, con 2.172 (6.081 beneficiarios), son los territorios con más hogares que se benefician del Ingreso Mínimo Vital, seguido de los 1.719 de la provincia de Salamanca (4.318 favorecidos) y los 987 de Zamora (2.449). Les siguieron los 883 hogares de Burgos (2.372 beneficiarios), los 758 de Ávila (1.995) y los 714 de Palencia (2.046). El listado se cierra con Segovia (520 y 1.311 usuarios) y Soria (158 familias y 375 beneficiarios).
Cuantía de 459 euros
La cuantía mensual de lo que percibe de media cada hogar en Castilla es de 459 euros, aunque oscila entre los 500 euros de Palencia y Valladolid y os 410 de Segovia y los 420 euros de Soria. Por encima de la media autonómica aparecen León (487 euros) y Burgos (462 euros) mientras que se sitúan por debajo las provincias de Salamanca (458 euros), Ávila (450), Zamora (441), Soria (420) y Segovia (410 euros).
La prestación media reconocida en la Comunidad es prácticamente la misma que la del conjunto de España, que es 460 euros. El Ingreso Mínimo Vital cubre la diferencia hasta un umbral de renta garantizado que varía en función del tipo de hogar contabilizando las rentas preexistentes, si existen, con excepción de las rentas mínimas de las comunidades autónomas. El umbral de renta garantizada varía entre los 470 euros al mes (el equivalente a una pensión no contributiva) para un hogar unipersonal y los 1.033 euros al mes para unidades de convivencia formadas por dos adultos y tres o más menores o tres adultos y dos o más menores o por cuatro adultos y un menor. El Estado desembolsó en marzo pasado un total de 152 millones de euros en concepto de esta prestación en el país, que se eleva a más de 920 millones el total abonado por la Seguridad Social en los nueves primeros meses.
El elevado porcentaje de solicitudes de IMV denegadas así como la lentitud del proceso han provocado las críticas por parte de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que denuncia que solo el 6,4 por ciento de la población bajo el umbral de la pobreza en España se ha beneficiado del Ingreso Mínimo Vital. En el caso de Castilla y León, esta tasa se sitúa en el 9,7 por ciento. Según sus cálculos, solamente al 1,2 por ciento de la población española le llega el IMV.
Además, subrayó que la cobertura esta prestación no contributiva es muy desigual en el territorial nacional ya que existen comunidades como Baleares, con solo un 3,5 por ciento, o Cataluña y Castilla-La Mancha, con un 4,2 por ciento. En el lado contrario, están territorios como Aragón y Navarra, donde el 12,2 y el 14,2 por ciento, respectivamente, de su población pobre recibe el ingreso. Castilla y León se sitúa por encima de la media, con un 9,7 por ciento, en el cuarto puesto.
Sin cumplir expectativas
Los profesionales de los Servicios Sociales lamentaron que el Estado solo ha aprobado una de cuatro solicitudes en el conjunto del país. “Una cifra irrisoria que no responde a las expectativas depositadas en este nuevo derecho subjetivo ni tampoco responde a las necesidades de la población azotada por las consecuencias sociales de la pandemia COVID-19”, sentenciaron.
Ante los últimos datos hechos públicos por el Ministerio de Inclusión, la asociación sentenció que el Gobierno no ha cumplido, ni siquiera con una cuarta parte del objetivo que se planteó de que en unos meses llegaría el IMV a las 800.000 familias que “malviven” en la pobreza extrema España. “Mientras tanto las ‘colas del hambre’ deberían avergonzar a los gobernantes y en lugar de ser noticia, tendrían que ser la denuncia continua de la impericia del Gobierno en la gestión de la vacuna contra la pobreza, que es el Ingreso Mínimo Vital”, concluyó.
