Las tarifas de la ORA no subirán más de lo previsto en el contrato anulado por el Tarcyl en el mes de noviembre. Así lo han confirmado este lunes el alcalde, Francisco Guarido, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Antidio Fagúndez, que han presentado el nuevo pliego que no incluye los aparcamientos subterráneos y la grúa. Estos servicios saldrán por separado tras la admitida reclamación del grupo popular, una circunstancia que supondrá "un perjuicio económico para la ciudad", según ha asegurado el máximo mandatario municipal.
De este modo, el equipo de gobierno llevará a Pleno este jueves tan solo el contrato de gestión de la zona azul, que saldrá por un periodo de diez años y a un precio inicial de 9.725.000 euros. En esta ocasión, los ingresos de la empresa concesionaria irán en función de la ocupación y se establecerán cuatro tipos de licitación que variarán a la vez que los precios de las tarifas, indicados en la tabla superior.
Así las cosas, con los precios establecidos para el 2017, la empresa se llevará el 90% de la recaudación; durante el periodo entre el 2018 y el 2020, ingresará el 72%; hasta el 2022, será suyo un 60%; y, finalmente, en los años posteriores, hasta el 2027, conseguirá algo más de la mitad, un 51%.
En cuanto a los criterios de adjudicación del contrato, el de la baja económica se tendrá en cuenta de manera prioritaria (70%), mientras que, para el 30% restante, se valorarán las mejoras que pueda realizar la empresa en el servicio, desde la instalación de pantallas informativas hasta la puesta en marcha de nuevos parquímetros, más allá de los 70 que establece, como mínimo, el pliego.
Por otro lado, Antidio Fagúndez ha confirmado que se subrogará a los once trabajadores y que el contrato prevé la posibilidad de incorporar a otros tres. También continuará estable el número de plazas de zona azul y de carga y descarga, así como el periodo máximo de estacionamiento, que será de tres horas tras la propuesta realizada en su día por Ciudadanos.
En cuanto a los plazos para la puesta en marcha del servicio, si todo marcha bien, la empresa adjudicataria podría elegirse, a través de las mesas de contratación, en abril, y posteriormente tendría un plazo de tres meses para ponerse a funcionar, por lo que el equipo de gobierno estima que en julio habrá culminado el proceso.
