La vicesecretaria general del PSOE de Zamora, procuradora en las Cortes de Castilla y León, Inmaculada García Rioja, y la secretaria de Igualdad, Mª Cruz Hernández, han denunciado “la incertidumbre y perplejidad” que está generando entre los profesionales sanitarios del Complejo Asistencial de Zamora y entre el colectivo femenino el enfrentamiento entre los dos partidos de la Junta de Castilla y León, PP y Vox, en relación a las medidas propuestas por el vicepresidente sobre el nuevo protocolo antiaborto contra la Ley de Interrupción del Embarazo.
A pesar de que el vicepresidente de Vox en la Junta de Castilla y León aseguraba el pasado jueves 12 de enero que el lunes 16 entraría en vigor el nuevo protocolo a fecha 19 de enero no consta entre los facultativos, personal de enfermería y administración del Complejo Asistencial de Zamora ninguna instrucción en relación al protocolo vigente.
Por otra parte, el hecho de que la que la propuesta del vicepresidente de Vox, García Gallardo, fuera negada después por el propio presidente del PP, Mañueco, incrementa de manera notable la preocupación del personal sanitario de Zamora ante la falta de coordinación y concreción en un tema sanitario muy sensible.
Para el PSOE “el protocolo antiaborto de la Junta institucionaliza el acoso a las mujeres en una situación de extrema vulnerabilidad, un nuevo ataque a los derechos de las mujeres, esta vez, de forma impúdica y obscena por tratarse de una coacción a las mujeres”.
Y subrayan Inmaculada García Rioja y Mª Cruz Hernández que se trata de un protocolo antiaborto anunciado públicamente por el vicepresidente Vox en rueda de prensa junto al consejero portavoz del y tras el Consejo de Gobierno cuenta con la connivencia, complacencia y colaboración de Feijóo y de Mañueco, cuya reacción posterior forzada por la dimensión del escándalo ha empeorado la situación.
Más allá del enfrentamiento y la descoordinación entre los socios de la derecha extrema del PP y la extrema derecha de Vox en el Gobierno la vicesecretaria general del PSOE de Zamora y la secretaria de Igualdad ponen en valor “las nefastas consecuencias que se derivan de este lamentable nuevo episodio de la Junta de Castilla y León presidida por Mañueco por cuanto genera múltiples tensiones entre el colectivo profesional sanitario y las propias mujeres ante la indefinición, la incertidumbre y las declaraciones delirantes del propio Mañueco y de García-Gallardo”.
Inmaculada García Rioja y Mº Cruz Hernández afirman: “Si de verdad el presidente de la Junta está a favor de los derechos de las mujeres, lo primero que tiene que hace es cumplir la Ley de interrupción voluntaria del embarazo , garantizando su realización en el centro público de referencia, no poner en marcha el protocolo antiabortista de Vox porque contradice la Ley, desautorizar de manera clara y contúndete a su vicepresidente y romper con la extrema derecha de Vox, poniéndole de inmediato un cordón sanitario”.
Y añaden que “la política de retroceso en materia de derechos y libertades de las mujeres que está llevando a cabo el gobierno de Mañueco es, sin duda, un ensayo de lo que hará Feijóo a nivel nacional si gobierna con la extrema derecha.
“Las mujeres de Zamora, que al igual que las de Castilla y León y España están observando con preocupación y miedo los retrocesos en derechos que están impulsando PP y Vox, tienen el compromiso del PSOE y del Gobierno de hacer todo lo que está en su mano para que las mujeres no vean comprometidos sus derechos y para continuar avanzando en igualdad” han destacado.
“Introduciendo en la cartera de servicios las prácticas que antes ofrecían en las puertas de la clínicas grupos de presión antiaborto, “la Junta de Castilla y León institucionaliza el acoso que se prohibió hace apenas un año y además somete a una enorme inseguridad muy grande a los profesionales en Castilla y León” destacan las socialistas zamoranas.
Concluyen señalando la vicesecretaria general del PSOE de Zamora y la secretaria de Igualdad que “cuando una mujer decide no continuar con su embarazo lo único que necesita es que los servicios públicos actúen con la seguridad e intimidad que exige la paciente. Y nada más. El protocolo anunciado por la Junta de Castilla y León coacciona a las mujeres en una situación de extrema vulnerabilidad”.
