El Sindicato de Enfermería, SATSE, en Castilla y León critica que la nueva Ley de atención residencial que prepara la Junta de Castilla y León tiene por objeto encubierto favorecer los intereses de las empresas privadas al eliminar la obligatoriedad de que los centros gestionados por ellas cuenten con profesionales sanitarios.
SATSE Castilla y León ha enviado sus alegaciones al anteproyecto de Ley de atención residencial al presidente de la Junta de Castilla y León, a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades del Gobierno autonómico y a los diferentes grupos políticos en las Cortes regionales. Estas alegaciones se subirán también al Espacio de Participación de Gobierno Abierto de la Junta, de modo que puedan ser consultadas por el resto de la población.
SATSE basa su crítica en que la redacción del anteproyecto elimina la obligatoriedad de contar con sanitarios en los centros residenciales privados, como enfermeras y fisioterapeutas, con las consecuencias negativas que eso tiene, ya que disminuirá la calidad de la asistencia que se da a las residentes de esos centros. Al mismo tiempo, disminuye el número de plazas en las residencias públicas.
El Sindicato de Enfermería alerta de que se pretenden eliminar profesionales sanitarios como las enfermeras y fisioterapeutas cuando son absolutamente necesarios para la realización de determinadas actividades y técnicas específicas que se llevan a cabo en centros residenciales, como la administración de medicación, la realización de curas, los cuidados y cambios de sondajes y la valoración y cuidados integrales al anciano residente. Estas actividades, advierte SATSE, no pueden ser realizadas por trabajadores que no cuentan con formación ni competencias legales para ello.
Además de eso, este anteproyecto no hace mención expresa a las enfermeras especialistas en Geriatría, una figura totalmente desaparecida de esta nueva Ley.
Sin embargo, pese a esto, la nueva normativa no implicará una reducción de la cuota que abonan los residentes ni el precio por cada plaza concertada que debe pagar la Administración autonómica a estas empresas que gestionan residencias concertadas, con lo cual, se incrementará el beneficio de las mismas al no tener que contratar profesionales sanitarios.
SATSE recuerda que los tribunales de Justicia tumbaron la anterior normativa de la Junta de Castilla y León y pese a eso, la Consejería de Familia sigue empeñada en sacar adelante un modelo residencial que no tiene en cuenta ni a los profesionales sanitarios ni las necesidades de la población de Castilla y León. Así, hay que recordar que esta Comunidad es el territorio más envejecido de Europa y el que tiene más octogenarios y nonagenarios; el 25% de su población supera lo9s 65 años y el 9,5%, los 80 años.
En Castilla y León, las personas que viven en una residencia tienen reconocido un grado de dependencia II-III, un grado elevado, y ahora mismo, hay residencias en que una sola enfermera tiene que atender a más de 200 residentes con varias dolencias crónicas, pluripatologías, etc.
Tras la valoración de este anteproyecto de Ley, SATSE tiene claro que la constitución del grupo de trabajo fue solo una cortina de humo para justificar el modelo que realmente la Junta y el ámbito privado querían implantar desde un principio, ya que no se ha tenido en cuenta ninguna aportación realizada por el resto de profesionales y expertos que participaron en el mismo.
SATSE Castilla y León critica que la Junta sólo quiera favorecer los intereses privados sin tener en cuenta a su población, en un momento en que es sabido que hay numerosos fondos de inversión interesados en entrar en el negocio de las residencias de mayores y personas con dependencia.
Por eso mismo, SATSE exige a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que rectifique este anteproyecto de Ley, que en nada beneficiará a la población mayor y con dependencia de Castilla y León.
