La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que dirige Isabel Blanco, continúa trabajando en la mejora y modernización de los Servicios Sociales y el desarrollo de la atención que presta la Junta de Castilla y León para la protección de las personas que más lo necesitan, tal y como recoge el informe DEC 2020 publicado hoy por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
La pandemia ocasionada por el coronavirus ha hecho que 2020 haya sido, sin duda, un año excepcional. La sociedad, en su conjunto, se ha visto afectada de manera profunda en todas sus dinámicas. En este escenario es donde los servicios sociales han tenido que responder a retos inéditos e inesperados, algunos de gran calado, como el de la atención a los más vulnerables.
En ese escenario, los servicios Sociales de Castilla y León, han renovado su calificación, situándolos al frente de los servicios Sociales de España, junto con País Vasco y Navarra, avalando las actuaciones que se vienen realizando, y que aúnan los tres principios de la acción política de la Junta: la protección de los más vulnerables, la modernización de los Servicios Sociales y un futuro mejor y con más calidad de vida.
El estudio que mide el desarrollo de los Servicios Sociales y valora tres grandes aspectos centrados en los derechos, el esfuerzo económico y la cobertura, reconoce que Castilla y León es la comunidad autónoma de régimen común que consigue la mejor calificación en el desarrollo de los Servicios Sociales con un 7,30 lo que representa dos puntos por encima media nacional (situada en un 5,33), obteniendo la excelencia en la cobertura y en los derechos.
En las conclusiones generales del informe se destaca que en Castilla y León el 15,1 % de la población potencialmente dependiente recibe atenciones del Sistema Para la Autonomía y Atención a la Dependencia, y sólo un 0,1 % de quienes tienen reconocido el derecho a recibir prestaciones por su situación de dependencia están pendientes de ser atendidas, (frente al 17,2 de la media nacional) por lo que existen grandes diferencias en Servicios Sociales entre territorios lo que se refleja en una gran desigualdad de oportunidades reales a la hora de hacer efectivos derechos básicos de las personas. Esto permite a la Comunidad seguir avanzando, impulsando la transformación tecnológica de los Servicios Sociales y la consolidación del sistema de atención a la Dependencia 5.0.
Además, el sistema de Castilla y León se sitúa entre los más eficientes con un equilibrio entre gasto y cobertura sistema, a lo que sin duda contribuye la colaboración con las entidades locales en la gestión de las prestaciones y servicios, así como a la adecuada integración de la atención a la dependencia en los Servicios Sociales. Como ponen de manifiesto los autores del informe, “Gastar más no es necesariamente hacerlo mejor; vertebración y descentralización local parecen determinantes en la eficiencia del sistema”.
Dimensión de los derechos y ordenación del sistema
En este apartado Castilla y León alcanza la puntuación más alta de todas las comunidades, junto con Cataluña y Aragón, logrando 1,45 puntos mientras que la media española es de 0,91. Un apartado en el que se valoran diversos aspectos como disponer de una ley que reconozca derechos subjetivos, un catálogo de servicios, un plan estratégico de servicios sociales, que en el Estatuto de Autonomía se recoja el sistema de Servicios Sociales como un derecho o incluso que la Ley de Dependencia esté integrada en dicho sistema.
Dimensión de la relevancia económica
Los tres indicadores analizados dentro de esta dimensión mejoran en términos absolutos respecto al anterior informe para Castilla y León, ya que la relevancia económica de los servicios sociales en nuestra comunidad, se sitúa por encima de la media estatal en los tres indicadores contemplados en el informe logrando una puntuación de 2,1, mientras que la estatal es de 1,77. Para su evaluación se contabiliza tanto el gasto de las comunidades autónomas como el de las corporaciones locales en tres apartados: gasto por habitante y año (en Castilla y León ha sido en 2020 de 455,80 euros por habitante, 49,53 euros superior a la media estatal); porcentaje que supone la inversión de las Administraciones Públicas en servicios sociales sobre el PIB regional (situándose en 1,85 % en 2020 mientras que la media estatal ha sido del 1,60 %); porcentaje que supone la inversión de las Administraciones Públicas en servicios sociales sobre su presupuesto total (11,22 % en 2020 mientras que la media estatal ha sido del 9,95 %)
Dimensión de la cobertura
Respecto a la cobertura efectiva de prestaciones y servicios, Castilla y León se encuentra por encima de la media estatal en casi todos los indicadores contemplados, alcanzando la excelencia y siendo la comunidad con más puntuación de toda España logrando 3,85 puntos sobre 5, mientras que la media española es de 2,38.
Destaca de manera especial: la ratio de habitantes por profesional de los servicios de corporaciones locales; el hecho de que en Castilla y León nadie espera para recibir su prestación en materia de dependencia ocupando la primera posición a nivel estatal; las plazas residenciales de financiación pública para personas mayores de 65 años la cobertura es del 6,30 %, 2,3 veces superior a la estatal situándose nuestra comunidad como la primera en cobertura de plazas residenciales financiadas públicamente; Castilla y León tiene la mejor cobertura en plazas residenciales para personas con discapacidad (4,2 %, frente al 1,56 % de media estatal) lo que supone que una persona con discapacidad tiene en nuestra comunidad 2,6 veces más de posibilidades de conseguir una plaza que a nivel nacional; la ratio de plazas en centros ocupacionales y centros de día sobre el total de personas con discapacidad también es la más alta de España ( 5,9 % en Castilla y León, frente al 2,7 estatal) y también en Rentas Mínimas de Inserción nuestra comunidad se sitúa por encima de la media estatal de cobertura, beneficiando al 10,69 % de las personas bajo el umbral de la pobreza frente al 7,86 % de media estatal.
Recomendaciones para todas las comunidades autónomas
El informe DEC 2020 publicado hoy por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales concluye en el apartado de recomendaciones generales a todas las comunidades autónomas varios retos de cara a una progresiva mejora de las estructuras del sistema, algunos de ellos ya puestos en marcha en Castilla y León:
- Acabar con los retrasos en materia de dependencia. En nuestra comunidad no existe lista de espera para recibir dicha prestación.
- Responder con agilidad a las situaciones de urgencia social para lo que el Índice DEC hace referencia a una correcta implantación del Ingreso Mínimo Vital. En este sentido es fundamental destacar que desde diciembre de 2020 en Castilla y León se compatibilizan mediante la ley 2/2020, las prestaciones Renta Garantizada de Ciudadanía y el IMV para aquellos beneficiarios de la prestación del IMV a los que se les haya reconocido un importe inferior a la cuantía de RGC, teniendo derecho a percibir como máximo la diferencia entre la cuantía de renta garantizada y la reconocida de IMV.
- Necesidad de establecer un nuevo modelo residencial, que supere el modelo asistencialista e institucionalizador actual. La Junta de Castilla y León viene trabajando en un nuevo modelo residencial de calidad centrado en la persona capaz de cubrir sus necesidades y en el que el usuario tiene derecho a la gestión de la vida propia y a decidir. De hecho, el pasado 30 de abril la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades presentó el anteproyecto de la futura Ley Reguladora del Modelo de Atención Residencial para cuidados de larga duración en Castilla y León.
- Que las personas puedan vivir dignamente en su casa el mayor tiempo posible, con apoyos necesarios cuando tienen limitada su autonomía por situaciones de dependencia, especialmente en el medio rural. Para ello en Castilla y León se están impulsando proyectos como 'A gusto en casa' o 'Viviendas en red' como paradigma del sistema de atención a la Dependencia 5.0.
- Hacer frente a la soledad y en este sentido en Castilla y León se está diseñando un Plan de Soledad para combatir el aislamiento y la soledad de las personas mayores. Para ello, la Junta está impulsando políticas de Compra Pública Innovadora para la transformación digital y la introducción de nuevas tecnologías en la atención sociosanitaria, en el ámbito del envejecimiento activo y de la promoción de la autonomía personal. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades está promoviendo el Proyecto WELLCO de desarrollo asistente virtual con la participación directa de personas mayores y el Proyecto 'Rural Care'.
