Las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de la empresa Aralia, adjudicataria del servicio dependiente de la Diputación de Zamora, se han concentrado en la mañana de este domingo frente a la sede de la institución provincial para reclamar el cumplimiento íntegro del convenio colectivo y el abono de las cantidades que, según denuncian, les deben desde hace siete meses.
La protesta estuvo acompañada de pitidos y proclamas como "El SAD no se vende, el SAD se defiende", "No somos invisibles, somos necesarias, somos imprescindibles" o "Aralia, escucha bien: el convenio al 100%".
Una de las delegadas sindicales de Comisiones Obreras y trabajadora del sector, Mai Camarón, explicó que la movilización se debe al incumplimiento del convenio por parte de la empresa. "Llevamos siete meses en los que la empresa se ha descolgado del convenio. Mientras se negociaba, tenía que seguir aplicándolo, pero no ha sido así", señalaba. Asegura que las trabajadoras han agotado todas las vías de negociación previstas y actualmente el conflicto se encuentra pendiente de un arbitraje.
Denuncian que no están percibiendo las cantidades que les corresponden por convenio. Camarón aseguraba que la empresa únicamente ha aplicado una subida salarial del 2,7% cuando, según sostiene, el convenio establece un incremento del 7%, por lo que reclaman el abono del 4,3 restante con carácter retroactivo que lleva pendiente ya estos últimos siete meses. "Solo pedimos que apliquen el convenio. Pedimos simplemente lo que es justo", expresó.
A esta situación se suma la precariedad en las condiciones laborales, caracterizadas por jornadas parciales y el uso del vehículo particular para trasladarse a los hogares de las personas que atienden. "Tenemos que poner nuestro coche y el kilometraje sigue pagándose a 0,22. Nos faltan horas, nos falta de todo", lamenta la delegada sindical. Además, indica que los desplazamientos de la vivienda particular de las trabajadoras al primer domicilio no son compensados.
Las trabajadoras también dirigieron sus críticas a la Diputación de Zamora, responsable del servicio y a la que piden un mayor control sobre el contrato que adjudicaron a Aralia. "Si sacas un pliego con unas condiciones, tienes que controlar que la empresa las cumpla. Si no, habrá que penalizarla", argumenta Mari Camarón. Afirmó que ya se han reunido hasta en tres ocasiones con el presidente de la Diputación y con el diputado de Servicios Sociales. Unos encuentros que, bajo su punto de vista, solo se han traducido en "buenas palabras", pero sin avances efectivos.
La plantilla está formada por cerca de 600 trabajadoras repartidas por toda la provincia y no descartan emprender acciones judiciales si la empresa continúa sin pagar las cantidades que reclaman.
"Si nosotras paramos, la gente se queda en las casas sin atención. Quieren asentamiento poblacional, que la gente se quede en sus hogares y no vaya a residencias, pero luego nos maltratan así", explicaba a la vez que recordaba la importancia del servicio que prestan.
Y es que, tal y como exponía Camarón, la ayuda a domicilio "es un servicio público esencial", y más en una provincia con un alto porcentaje población envejecida como Zamora. "Les ayudamos a levantarse, a tomar la medicación o simplemente a hacer compañía", leía con emoción y contundente Mai en el manifiesto preparado para la ocasión. Con la incertidumbre y el "mosqueo" que les genera esta situación, aseguran que las movilizaciones continuarán "las veces que haga falta" hasta que se cumpla el convenio.
