El Tribunal Constitucional ha tumbado el Real Decreto Ley 15/2020 de medidas laborales y fiscales por el que, entre otros aspectos, el Gobierno aprovechó para integrar el régimen de Clases Pasivas a la Seguridad Social. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se felicita de esta sentencia porque da la razón a los argumentos que desde el primer momento denunciamos.
El 22 de abril del año pasado, el Gobierno aprovechó este real decreto para traspasar la gestión de Clases Pasivas a la Seguridad Social. Así, modificó de manera unilateral la gestión de las prestaciones y pensiones de los funcionarios, sin debate parlamentario previo y sin haber consultado a las organizaciones sindicales mayoritarias en este colectivo. CSIF inició una interlocución con los diferentes grupos parlamentarios y el propio Gobierno para frenar esta iniciativa y el Partido Popular recurrió el decreto.
El Tribunal Constitucional ha dado la razón a los argumentos de CSIF –sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado— ya que, como ha quedado recogido en la sentencia, el Gobierno hizo un mal uso del Real Decreto, ya que el traspaso a la Seguridad Social no reunía los requisitos de urgente y extraordinaria necesidad.
CSIF solicitó al Ministerio de Seguridad Social una aclaración sobre las consecuencias de dicho traspaso de gestión y en su contestación generó más dudas. Según nos dijo, si bien se trataba de un cambio en la gestión de las pensiones, las consecuencias de este traslado serían abordadas “más adelante”.
Esta situación generó una gran incertidumbre en el colectivo de funcionarios. De hecho, el temor de los funcionarios a ver recortados sus derechos de pensión ha provocado una oleada de jubilaciones anticipadas. Tal y como ha reconocido el propio Gobierno en una respuesta parlamentaria al PP, entre junio y diciembre de 2020 se produjeron 10.387 jubilaciones voluntarias a los 60 años de edad, un 26,2 por ciento más que en el mismo período de 2010.
