Este nuevo proyecto ofrece también oportunidades en los entornos rurales y zonas en declive demográfico “lo que resulta especialmente importante en comunidades como la nuestra”, en palabras de la secretaria ejecutiva de UGTCyL Sonia González.
Además, el sindicato considera muy positiva la apuesta por el carácter dual de toda la FP porque implica un desarrollo compartido entre el centro de formación y la empresa, y, tal y como reseña la secretaria de Formación de UGTCyL, Sonia González, “al fin, conseguimos que se hable específicamente de personas trabajadoras en lugar de alumno/a, aprendiz o estudiantes”. En este sentido, las organizaciones empresariales y las sindicales más representativas adquieren más protagonismo en la nueva Ley puesto que, entre otras cosas, podrán hacer propuestas relativas a la programación y coordinación.
Cabe destacar que el actual Proyecto de Ley sustituye la Ley de 2002 y que, entre sus mayores logros, prevé contratos laborales obligatorios para los estudiantes. También contempla una relación más estrecha y colaborativa con la Universidad a través de pasarelas, mayor colaboración con la empresa y un programa de recualificación de adultos.
Y es que, según el Proyecto, existirán dos modalidades de FP: la modalidad general, con una duración de formación en la empresa de entre el 25% y el 35% y una participación de la empresa de hasta un 20% en los resultados de aprendizaje del currículo, y la modalidad intensiva, con formación en la empresa a partir del 35% de la duración total y una colaboración de la empresa con el centro de formación de más del 30% respecto del currículo.
También establece un nuevo sistema de grados de formación profesional (A, B, C, D y E), que contempla unidades de aprendizaje más pequeñas o microformaciones (grado A), hasta títulos y cursos de especialización (grados D y E), para que los grados formativos sean acumulativos y el alumnado no deba repetir contenidos y pueda acreditar los ya cursados o la experiencia laboral ya obtenida. Es más, al igual que ocurre con empresas y universidades, la Administración Pública también tendrá que establecer y mantener una oferta pública, tanto presencial como virtual o mixta que garantice el acceso a la formación profesional.
En definitiva, el nuevo Proyecto de Ley de FP añade y garantiza mucho más contenido práctico al desarrollo de los cursos, es mucho más flexible y está estrictamente vinculada a la realidad del entorno laboral del estudiante y a las necesidades empresariales y administrativas del momento. Para su implementación, la Ley cuenta con un presupuesto de 5.000 millones de euros debajo del brazo para los siguientes cuatro años, de los que 1.500 proceden de los fondos europeos.
No obstante, la organización sindical ha mostrado su preocupación por cómo van a desarrollarse las cotizaciones del alumnado y qué relación contractual van a tener para con las empresas colaboradoras. Por eso, según Sonia González, “desde UGT estaremos vigilantes por el desarrollo que esta circunstancia vaya a atener en la futura reforma laboral”.
