Una reciente encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) a 1.100 individuos de 25 a 80 años sobre su experiencia frente al fenómeno de la ocupación en sus distintas formas (inquiocupación, ocupación forzosa…) revela su impacto real, sus formas de resolución y la preocupación que genera en función de la comunidad autónoma donde se reside.
Para empezar, el 2% de los encuestados ha sufrido una ocupación de alguna vivienda en propiedad durante los últimos cinco años. Preguntados por otras ocupaciones que afectaran al inmueble de algún familiar directo o de una persona a la que conocen personalmente, el 19% afirma conocer algún caso. Un dato que varía de forma significativa según la comunidad autónoma del encuestado: entre las regiones donde este porcentaje es mayor destacan Castilla-La Mancha (35%), Comunidad Valenciana (23%) y País Vasco (21%); entre las que menos, Castilla y León (12%) y Andalucía (11%).
En la segunda semana de abril de 2024, momento en que se realizó la encuesta, hasta un 31% de las viviendas afectadas se mantenían ocupadas. En otro 23% de los casos la desocupación precisó de un acuerdo privado entre el propietario y el o los ocupas. Y es que solo el 39% de las ocupaciones se habían resuelto mediante el desalojo ordenado por las autoridades competentes. El resto de los casos, un 7%, se resolvieron de otras formas: por la presión de los vecinos, por empresas de desocupación, mediante el empleo de la fuerza, etc.
La encuesta también permite conocer el grado de preocupación que genera la ocupación en la actualidad: mientras que para el 38% no representa un problema real en la zona donde reside, el 34% considera que es un problema importante. Una opinión, esta última, más habitual entre Catalanes (47%) Valencianos (39%) y Castellanomanchegos (37%).
En base a los resultados de la encuesta OCU considera que la ocupación sigue perjudicando a muchos propietarios, por lo que urge a las administraciones públicas a:
1 Ofrecer vivienda pública en alquiler para las personas que realmente lo necesitan. Y dar medios consecuentes a los servicios sociales.
2 Ofrecer seguridad a los arrendadores -en España la mayoría son pequeños propietarios-, para que pongan las casas en alquiler.
3 Revisar el sistema de resolución de ocupaciones, para dar una respuesta rápida a los propietarios (o inquilinos que padezcan la ocupación). El propietario debe tener la seguridad de que podrá recuperar en un tiempo muy rápido la posesión de su vivienda, equiparando la respuesta judicial y policial a la que existe en países de nuestro entorno. Esto desanimaría a las mafias que se aprovechan de la ocupación.
