La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, reclama al Gobierno un plan de contingencia que blinde el Estado de Bienestar ante los efectos sociales y económicos que la guerra en Oriente Medio está causando en las familias españolas, así como ante la incertidumbre derivada de la falta de unos Presupuestos Generales del Estado.
CSIF realiza esta petición con motivo de la celebración del 1 de Mayo, tras constatar los problemas reales a los que se enfrentan los ciudadanos a diario: precariedad laboral, altos precios de la cesta de la compra, encarecimiento de la vivienda y subida de hipotecas, a lo que se suma ahora el aumento del coste de la energía como consecuencia del conflicto en Irán y en países de su entorno.
Según la última Encuesta de Condiciones de Vida (2025), una cuarta parte de la población se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, un porcentaje que se mantiene prácticamente estable en la última década. Además, el 8,5% de la población afirma llegar a fin de mes con “mucha dificultad”.
Por su parte, las previsiones del Banco de España apuntan a un posible empeoramiento de la situación, incluida la evolución del IPC, dependiendo de la intensidad y duración del impacto energético derivado del conflicto.
A esta situación se suma la incertidumbre provocada por la ausencia de unos Presupuestos Generales del Estado, que deberían fijar las prioridades de gasto e inversión, así como la falta de publicación de los datos de la Oferta de Empleo Público (OEP) para este año.
CSIF reclama una OEP que permita reforzar las administraciones públicas, especialmente en procesos como la regularización extraordinaria de personas migrantes en ámbitos como Seguridad Social, Extranjería o Interior, y que fortalezca servicios esenciales como sanidad, educación, justicia, SEPE, Seguridad Social o prisiones.
El sindicato también lamenta los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que reflejan un aumento del paro y una caída del empleo, lo que, a su juicio, evidencia la necesidad de una reforma estructural del modelo productivo, ya que persisten problemas de precariedad y vulnerabilidad pese a la reforma laboral.
Finalmente, con motivo del 1 de Mayo, CSIF pone en valor el trabajo del personal de las administraciones públicas en el proceso de regularización de personas migrantes, pese al déficit de personal y medios materiales. Asimismo, denuncia que los ayuntamientos han prescindido de 28.400 personas en el primer trimestre del año, justo antes de este proceso, lo que considera una medida “irresponsable”.
