La Diputación Permanente del Congreso debatirá y votará este jueves los dos decretos con medidas sobre vivienda aprobados por el Gobierno el pasado mes de octubre. Más de un mes después de aprobar los decretos, pero dentro del límite legal de 30 días hábiles que marca el Reglamento del Congreso, el órgano se reunirá para debatir sobre vivienda horas antes de que arranque oficialmente la campaña electoral para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
Los dos decretos son prácticamente idénticos a los dos que rechazó el Congreso el pasado 2 de octubre y que precipitaron la convocatoria adelantada de elecciones generales. El primero fue rechazado con los votos en contra de PP, Vox y Junts; y al segundo, el de los 'alquileres indefinidos', se sumó el voto negativo del PNV.
En la Diputación Permanente será suficiente con los votos del PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos para sumar 35 votos afirmativos, frente a los 34 con los que contarían PP, Vox y Junts.
La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, confirmó hace semanas que su formación votará a favor del primer decreto cuando se debatiese, lo que permitiría su convalidación si se mantienen el resto de apoyos, mientras que votará en contra del segundo.
La fórmula para aprobarlos ha sido criticada por el PP, que, a través de su portavoz nacional, Borja Sémper, la calificó de “disparate democrático”, al haber sido los textos rechazados por el Congreso apenas unos días antes de su nueva aprobación.
El primero de los decretos, el único que el Gobierno esperaba aprobar en el Congreso a principios de octubre, recuperaba buena parte de un paquete de actuaciones en materia de vivienda que llevaba meses negociando y estuvo cerca de salir adelante antes del verano.
Protección hasta 2030
Así, este decreto incluye la protección hasta el 31 de diciembre de 2030 frente a los desahucios de personas vulnerables cuando no exista una alternativa habitacional y establece su suspensión obligatoria cuando los propietarios sean los denominados ‘fondos buitre’.
En materia de alquiler, congela hasta finales de 2027 las actualizaciones de los contratos cuya renta ya supere el límite máximo que les corresponda conforme al sistema estatal de índices de precios de referencia y limita al dos por ciento la subida para el resto.
Asimismo, establece una prórroga extraordinaria de hasta dos años para los contratos que venzan antes del 31 de diciembre de 2028, una medida que, según cálculos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, puede alcanzar a cerca de 1,9 millones de contratos y beneficiar a unos cinco millones de personas.
La norma incorpora también medidas para restringir las compras especulativas de vivienda por parte de los denominados fondos buitre hasta el año 2030 y modifica la fiscalidad de las socimis con el objetivo de orientar parte de su actividad hacia la vivienda asequible.
Además, regula los contratos de temporada y por habitaciones para impedir que puedan utilizarse para eludir las protecciones establecidas para el alquiler residencial. A ello añade un IVA del 10% para los pisos turísticos.
10.000 millones
El paquete contiene asimismo nuevas deducciones fiscales para los inquilinos con ingresos inferiores a aproximadamente 33.000 euros, junto a incentivos para los propietarios que reduzcan o moderen las rentas de sus viviendas.
Otra de las novedades es 'Tu Casa', una línea de préstamos públicos al cero por ciento destinada a facilitar la compra de la primera vivienda a hogares que disponen de ingresos suficientes, pero carecen de los ahorros necesarios para cubrir la entrada de una hipoteca. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que esta línea dispondría de una partida de 10.000 millones de euros.
El decreto incluye igualmente medidas destinadas a ampliar el parque asequible, reforzar el modelo de Casa 47 e incorporar nuevos inmuebles al parque público. Además, reduce al 4% el IVA de la construcción de vivienda de promoción pública y vivienda protegida.
‘Decreto Maricarmen’
El segundo decreto, por su parte, pretende prolongar la permanencia de los inquilinos en sus viviendas cuando finalizan sus contratos con prórrogas de cinco o siete años y establece compensaciones si el propietario decide no renovarlos. Fue separado del primer decreto para asegurar el apoyo al primero, algo que no ocurrió por el voto en contra de Junts.
La entrada en vigor de este decreto está prevista para el 15 de noviembre, según establece el texto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). No obstante, si los grupos mantienen las posiciones anunciadas, no llegará a entrar en vigor y decaerá.
Su aprobación en primera instancia se vio marcada por el caso de la ya fallecida Maricarmen, cuyo desahucio prendió la mecha de las movilizaciones por la vivienda que se suceden desde entonces y que han acabado provocando la convocatoria de una huelga general para el próximo 11 de noviembre.
El Sindicato de Inquilinas, que trató de frenar el desahucio y que protagoniza las protestas desde que empezaron, insistió en la aprobación del ‘decreto Maricarmen’. La organización buscaba la aprobación de ‘alquileres indefinidos’ y las indemnizaciones incluidas iban en esa línea.
